DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (DPL). Gracias, presidente.

Como los ponentes de este punto de acuerdo ni siquiera se tomaron la molestia de escribirlo; sino que nos trajeron el mamotreto de la Comisión de Derechos Humanos, y luego le pusieron su resolutivo, bueno, entonces, me voy a referir a lo que dice la Comisión de Derechos Humanos.

Pero, en primer lugar, decir que este Congreso de la Unión es un órgano autónomo del Estado. Y ni el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos ni nadie nos dicta la agenda a quién comparece y quién no, es un órgano soberano y haremos valer esa autonomía.

Segundo. En los lineamientos de la Permanente, que todos votamos el día 1 que estuvimos aquí, se quedó muy claro que cuando se solicitara la información, si esta se presenta y es suficiente, no hay lugar a las comparecencias, porque no es deporte, no es para que salgan en la foto y andar perdiendo el tiempo, se dio la información con suficiencia. Por lo tanto, no procede la comparecencia.

Y es muy lamentable que una institución tan noble, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se preste a intereses partidistas, a intereses facciosos, electoreros, hasta económicos, de algunos y que utilizan justamente a la Comisión de Derechos Humanos con esos fines.

La Comisión de Derechos Humanos, en este mamotreto, alega que el nuevo programa no estaba en el PEF 2019, en el Presupuesto de Egreso de la Federación, que se están usando recursos de un programa extinto a un programa nuevo y que ambos son distintos, que hay inconsistencias en los censos, que hay 6 mil 620 niños que no están recibiendo el apoyo y que hay estancias infantiles en Veracruz, en Estado de México, Chiapas, Sonora y Puebla, donde no anotaron a algunos niños, y que hay mecanismos de supervisión, que propone que haya mecanismos de supervisión, etcétera, se está extralimitándose en sus funciones.

Pero, además, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda, la Conamer, el Sistema Nacional del DIF emite en un comunicado conjunto, que es el que pudimos leer, y establece que hubo una respuesta puntual individual al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que aquí se omite hablar.

Ahí en esa respuesta las Secretarías dicen que el cambio a las reglas de operación no implica la cancelación del programa, el programa no está cancelado, que es falso de toda falsedad, no existe ninguna justificación para concluir que se incumplió el principio de progresividad y no regresividad y que, por lo tanto, los derechos de las niñas y niños, padres, madres, los dueños o dueñas de las estancias y los trabajadores, pues esos derechos están garantizados.

El nuevo programa, además, permite ampliar las libertades, ya que así la familia puede decidir libremente a qué escuela quiere mandar a sus hijos o en que, o el aprovechamiento íntegro de los recursos que asigna el Estado para esos niños y niñas sin que haya moches, sin que se pierda en el camino o sin que se los quede los dueños de las estancias infantiles.

El programa está basado en el principio de progresividad y permite que los niños y las niñas históricamente marginados, como los niños con discapacidad, los indígenas, los extremos pobres, ahora sí sean prioridad de este programa, no los que diga el PAN, sino los niños que arroja el censo con discapacidad, los indígenas y los extremos pobres que por ahí inició el programa.

Y no es verdad, nadie puede demostrar, que entregar recursos directamente a los niños genere un perjuicio como lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aberración semejante yo no había leído.

Sólo el 0.7 por ciento de madres, padres se quejaron del cambio de modalidad del programa, mientras que las quejas contra el programa que defiende Raúl González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el PAN, las quejas contra las estancias infantiles por su corrupción y las desviaciones ascendían al 14 por ciento, es decir, 9 mil 566 estancias estaban, niños se quejaron de este programa.

Los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos son incorrectos porque el Estado no impide a ninguna de esas estancias infantiles, ni a otras, que ejerzan su actividad como personas morales, tiene la libertad de seguir actuando porque tienen a fuerzas que tener el subsidio del Estado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestra una grave falta de conocimiento sobre las facultades y sobre las atribuciones que la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal asigna a las dependencias, ya que recomienda acciones de imposible cumplimiento, o peor aún, acciones violatorias de la ley.

Responsabiliza a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Hacienda a cuestiones que exclusivamente le corresponden a la Cámara de Diputados.

Es claro que el modelo anterior fue un rotundo fracaso. La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos llega tarde, si estas recomendaciones se las hubiera hecho a los anteriores gobiernos no hubiera habido tanta corrupción, no hubiera habido tanto desvío.

El programa antes no tenía como objetivo prioritario ayudar a las madres trabajadoras para que pudieran dejar a sus hijos en un lugar seguro, ese programa estaba o pretendía pagar favores de campaña y estaban, lo dice el propio padrón y las propias auditorías practicadas a ese programa.

Cuando una política pública no se está destinada a beneficiar a la gente, sino que tiene otros fines evidentemente que fracasa, y eso fue lo que pasó, registros fantasmas.

El censo informa que del total de niños registrados en el programa 84 mil 781 no fueron encontrados en las visitas de supervisión realizadas a las estancias infantiles.

Infraestructura riesgosa.

Se demostró que el 40 % de las estancias infantiles representaban un riesgo para los niños y deberían de estar cerradas. El 26 por ciento representaban un riesgo de clausura inmediata.

Estancias fantasmas.

El 4 por ciento de las estancias infantiles estaban cerradas, fuera de funcionamiento, pero recibían subsidio del Estado como si estuvieran abiertas.

Duplicidad en la prestación de este servicio.

El programa fue creado supuestamente para las madres que no tenían seguridad social, sin embargo, uno de cada tres niños registrados proceden de madres o padres que sí cuentan con el IMSS o con el ISSSTE, instituciones que cuentan con su propia red de guarderías.

De las 313 mil 511 madres, padres o tutores registrados, 27 mil 242 están en el ISSSTE, y 77 mil están en el Seguro Social.

La defensa que hace la Comisión de Derechos Humanos, del viejo modelo, no responde al bienestar de las personas, sino a favorecer rancios intereses.

Está demostrado que se desvió de sus objetivos de la ley y se convirtió en un ente para favorecer intereses de muy pocos propensos a la corrupción y a las irregularidades.

La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos presta evidentes fallas de conocimiento, tanto del funcionamiento del programa como de las facultades legales de las dependencias, expone erróneamente la violación de derechos humanos de trabajadoras de las estancias infantiles, pero el Estado de ninguna manera ha impedido que operen libremente.

Termino, termino, Presidente.

Entregar las becas a niños y niñas directamente acaba con la intermediación de dinero que llega directamente a las madres que realmente lo necesitan y no se los queda el grupito que tenía y que es capaz hasta de mover a la Comisión de Derechos Humanos en su beneficio, los derechos de los beneficiarios están garantizados.

Repito, lamento profundamente que una institución con principios tan nobles, como la Comisión de Derechos Humanos, se preste a la politiquería, a intereses políticos, esos que ya se fueron por fortuna.

Gracias.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/oJJbOMTMs44