DIPUTADA MARÍA GUILLERMINA ALVARADO MORENO (MGAM). Con su permiso, Presidente.

Estimados compañeros legisladores.

Acudo ante ustedes a fin de reiterar mi postura que las y legisladores de mi grupo parlamentario Morena, fijamos en discusión del presente dictamen.

Inicio señalando que somos y seremos siempre respetuosos de las atribuciones de todos los entes de la administración pública, así como de los organismos autónomos. Sin embargo, siempre actuaremos en consecuencia de la verdad y de lo que los hechos prueban.

De acuerdo a lo establecido en la ley, las autoridades que sean señaladas en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contarán con un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta a la misma.

En ese sentido, lo que respecta a la Secretaría de Bienestar, se realizó respuesta el día 21 de junio de 2019, en la cual se manifiesta que no aceptaba la recomendación.

Después de ello, la CNDH a través de un oficio exhorta a reconsiderar la aceptación del cumplimiento de la recomendación, señalando que derivado de la negativa, procedería hacer públicas las razones de lo mismo.

La Secretaría de Bienestar dio respuesta expresa, e hizo públicas las razones por las cuales no fueron aceptadas las recomendaciones y la base fundamental a ello es que en ningún momento ha existido violación a los derechos humanos, un caso similar se dio sobre la respuesta emitida por el Sistema DIF Nacional, quienes no aceptaron la recomendación e hicieron públicas las razones de la no aceptación.

La Secretaría de Hacienda hizo lo respectivo cumpliendo el plazo establecido en la ley, y dio cumplimiento de respuesta del mismo modo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Las respuestas de todos los recomendados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue unánime, pues todos se pronunciaron en el sentido de que el cambio de una política pública no es violatoria de los derechos humanos, sino por el contrario, la nueva política implementada por el gobierno de México da paso a la mayor eficiencia del recurso público eliminando intermediarios, burocracia, corrupción e impunidad, pues al final del día los beneficiarios del programa siguen siendo los mismos, los padres y madres de familia que tienen la necesidad de ir a trabajar para llevar el sustento a sus casas, y las personas que día a día los apoyan con el cuidado y crianza de los niños y niñas de nuestro país.

Quiero dejar evidencia de que también hay datos contundentes que fueron integrados en las respuestas de las dependencias recomendadas por parte de la Comisión de Derechos Humanos. La modificación a este programa social, hacer que el apoyo a las comunidades más marginadas de nuestro país no requiere de una estancia infantil para obtener el beneficio. Muchas de las comunidades más pobres de nuestro país no tienen cercanas estancias infantiles para los cuidados necesarios.

Y ellos tenían que solicitar apoyo a sus familiares o algún conocido, incluso a vecinos para que pudieran cuidar a sus hijos.

En relación a los recursos que se destinaban para este programa en otras administraciones, existían fugas económicas que no necesariamente eran para los beneficiarios, pues cada año se incrementaban de manera importante los presupuestos, y el incremento de los beneficiarios no era relevante, no era proporcional.

¿Y saben por qué pasaba esto?

Es muy simple de responder, esto se debía a malas prácticas, del uso del recurso, de corrupción y del beneficio propio de unos cuantos.

¿Por qué se reitera que no hay violación a los derechos humanos?

Porque el recurso sigue llegando al beneficiario y no a los intermediarios. El fin de este programa es para beneficio del pueblo y no para beneficio de las estancias, las estancias infantiles no son personas.

Sé de muchos casos de estancias que han realizado un trabajo impecable, muchas de ellas en mi estado, en Nuevo León. ¿Y saben qué pasó con ellas? Pues ellas siguen operando y le siguen entregando el recurso público porque los padres lo hacen de manera directa para que puedan seguir cuidando a sus hijos.

A eso le llamo una buena manera de trabajar y, sobre todo, por el interés de los beneficiarios.

Muchos de los quejosos son personas que administran estancias infantiles y no realmente los beneficiarios del programa.

¿Por qué creen que lo hagan? Pues porque seguramente no hicieron una buena administración y no realizaban una atención adecuada.

También al modificarse el programa de una manera extraña, el número de beneficiarios cambió.

También al realizar el registro de estancias infantiles, increíblemente muchas ya no se encontraban e incluso ya se está actuando en consecuencia y se presentarán las denuncias correspondientes.

Podríamos abundar más en el tema, pero es claro que el tema de las estancias infantiles no es un tema de protección de derechos humanos; sino de un tema que es a todas luces, político y de interés de unos cuantos. Esos cuantos que se beneficiaban de una manera ilegal de este programa social.

Es una lástima que un tema tan noble se transforme en un tema de interés personales; pero, reitero, que este gobierno de la cuarta transformación siempre velará por el bien del pueblo, de las madres trabajadoras, de quienes ayudan y auxilian a la educación de las y los niños de nuestro país, pero sobre todo por eliminar las malas prácticas de la impunidad y de la corrupción.

Es cuanto.

Gracias por su atención.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/RHU6OPqFPPQ