DIPUTADA ROCÍO BARRERA BADILLO (RBB). Muchas gracias, David.

Un gobierno tecnológicamente vanguardista, ¿para qué?

Es evidente que México no es aún el país vanguardista en que debemos transformarnos, que arrastramos rezagos considerables que no nos han permitido hacer de la tecnología y la innovación, instrumentos de desarrollo progresivo y sostenible que nos fortalezcan en lo económico y en lo social.

¿Cuál es la utilidad de tener un desarrollo en materia tecnológica? La adopción de nuevas tecnologías en el Gobierno es una inversión muy rentable que nos va a permitir generar ahorros, combatir la corrupción, transparencia, facilitar y hacer trazable el ejercicio de facultades y funciones y simplificar la relación con la ciudadanía.

En este contexto, el aprovechamiento de las tecnologías y el establecimiento, de medidas para facilitar su adopción legal plantea retos y oportunidades.

Los avances tecnológicos generan derechos o facilitan su ejercicio, por ejemplo: la libertad de expresión y las redes sociales son hoy un binomio inquebrantable, mientras que el Internet es ya considerado un derecho humano, a la vez, la tecnología promueve el mejor cumplimiento de las funciones públicas; hace un cuarto de siglo se regateaba el presupuesto para sustituir las máquinas de escribir por ordenadores en oficinas públicas. Hoy nadie duda lo rentable que fue esa decisión.

En este sentido, creo que no es superflua la tecnología si está al servicio de la sociedad ni es onerosa si redunda en el mejor ejercicio del gasto o el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

¿Qué queremos?, ¿una ley estática en una sociedad dinámica?

Por ello planteo que es necesario establecer estructuras legales flexibles, que se adapten a la rapidez de evolución de las tecnologías. El ejercicio de los derechos surgidos de la era tecnológica debe estar garantizado con infraestructura pública que procure la disminución de la brecha digital.

La Ley no puede rezagarse frente a una sociedad en constante evolución, por ello es necesario identificar áreas de mejora para procurar el máximo y más extensivo beneficio social a la vez que aprovechar mejor de los recursos humanos, financieros y materiales de cada institución. La tecnología es aliada en esta aspiración, pero su temprana implementación es clave, se debe adoptar antes de que se haga obsoleta.

En esta lógica, debemos también dotar a las instituciones públicas de herramientas para realizar actividades en entornos virtuales, dar certeza jurídica a su actuar y procurar un constante combate a la corrupción. En este caso, es ilustrativo el ejemplo de los países que han implementado el Blockchein o Cadena de Bloque como herramienta de seguridad, transparencia y rendición de cuentas.

En el caso del aprovechamiento, hacer cotidiana y constante la implantación de nuevas tecnologías en la actividad gubernamental, es un reto de grandes proporciones, pero es posible. Las relaciones sociales, culturales y económicas en una sociedad ya están adaptadas a esta dinámica ¿por qué el gobierno no debería de estarlo?

En tal virtud, considero que para constituir una agenda legislativa en materia tecnológica es necesario identificar algunos de los retos inmediatos del sector público:

Las Tecnologías de la Información y Comunicación plantean cambios en la forma en que interactuamos, por ello el sector público debe contar con plataformas para integrarlas a su actuar cotidiano.

Asimismo, la interacción virtual requiere el reconocimiento y protección de la personalidad en entornos digitales, pues si bien los avances tecnológicos nos permiten progresar socialmente, si no son accesibles al grueso de la población, nos segmentan y agravan las diferencias sociales, por ello el Estado debe procurar su universalidad.

En lo que toca a la evaluación de resultados, en tanto no se contraste de manera estricta y metódica el costo de inversión con los beneficios o ahorros, corremos el riesgo de caer en falsos debates; por ejemplo, al hablarse de la posibilidad de ofrecer internet libre para todos, muchos se indignaron y señalaron que es más urgente invertir en el campo (por mencionar uno de los argumentos), sin darse cuenta que cerrar la brecha digital, equilibra la distribución de la riqueza y acorta distancias entre las diferentes clases sociales.

La claridad en los derechos. Como todo derecho, los vinculados a la era digital, deben ser justificados, es decir, deben de tener mecanismos y condiciones favorables para su ejercicio y no encontrar restricciones indebidas.

Entonces es necesario preguntarnos, ¿es viable una Ley para la adopción de tecnologías en el sector público? Considero que sí, y de hecho estos son algunos de los rasgos que quiero someter a su opinión:

Propongo el establecimiento de un órgano público que promueva la adopción de tecnologías previa determinación de los ahorros o beneficios que se podrían obtener, su implementación puede llevarse a cabo a través de las direcciones generales de tecnología e información de cada institución.

Este órgano, actuaría siguiendo las recomendaciones de un consejo consultivo integrado por representantes de los sectores público y privado, particularmente por personas o entes especializados en tecnología, innovación e investigación que promuevan esquemas de colaboración para reducir la brecha digital, finalmente, sería oportuno que un fideicomiso público o figura análoga asegure los capitales de inversión, este fideicomiso puede ser autosustentable si obtiene un porcentaje marginal de los ahorros que genere en diversos entes públicos.

Dentro de la Comisión de Gobernación tenemos la Ley de Ciudadanía Digital que presentó el diputado Javier Hidalgo, que consta de 32 artículos y que habla en este sentido de cómo podemos llegar a esta era digital que nos hace tanta falta en el Gobierno y que también diversas propuestas en materia de una nueva ley general de ciencia, tecnología e innovación, que están trabajando a profundidad en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Son temas que tenemos que trabajar de la mano, no solamente Gobernación, sino todos los grupos parlamentarios de este Congreso de la Unión.

Las ventajas de una ley que promueva la adopción de nuevas tecnologías, son vastas:

Generaría posibilidades reales de adopción de tecnologías de punta; procuraría que el ciudadano pueda ejercer con mayor facilidad sus derechos; permitiría que los servicios ofertados por los entes públicos garanticen beneficios inmediatos, procurando el más amplio horizonte de beneficio antes de que la tecnología se tornen obsoleta, y permitiría identificar áreas en las que los beneficios de adopción de una tecnología sean más evidentes, principalmente enfocado a la generación de economías presupuestarias.

En lo que respecta a cómo garantizar la certeza jurídica, cabe señalar que el Estado ha adoptado con éxito diversos mecanismos que conviene mencionar para dejar claro que no toda innovación tecnológica implica inversiones cuantiosas, por ejemplo, la eliminación de la versión impresa del Diario Oficial de la Federación generó considerables ahorros y minimiza el daño ambiental. En sentido similar, las notificaciones electrónicas en juicios han cerrado una gran brecha de corrupción.

Asimismo, los esquemas que aprovechan las tecnologías actuales de encriptación, son mucho más seguros, audibles y transparentes (por ejemplo la tecnología Blockchein haría trazable la ruta de combustibles y sería una gran herramienta en el combate al huachicoleo). Esto traería consigo simplificación, confiabilidad, accesibilidad y seguridad.

Cabe señalar que los mecanismos de adopción de nuevas tecnologías deben incorporar controles de transparencia y rendición de cuentas para evitar el desvío de recursos u otras prácticas reprobables.

Por ello es necesario adaptar procesos y procedimientos para incorporar tecnologías y ampliar la oferta de servicios públicos, así como realizar acciones de simplificación de trámites para la obtención de servicios públicos, garantizando la continuidad de los mismos y verificando que no sean vulnerables.

Entonces, lo que podríamos esperar de una ley de adopción tecnológica es el cumplimiento de la obligación del Estado de ofrecer mayor seguridad en entornos digitales, e incorporar permanentemente mejores prácticas en el ejercicio de la función pública. Todas las instituciones públicas, sin excepción, tienen ventanas de oportunidad para mejorar el ejercicio de sus funciones, aprovechando la tecnología, por ejemplo:

El gobierno de Estados Unidos ahorra casi 100 millones de dólares anuales al usar el tipo de letra arial narrow a 12 puntos e implementar esquemas de eliminación de papel en trámites; mientras que la adopción de esquemas de trazabilidad por cadena de bloque, han permitido al Reino Unido generar cuantiosos ahorros al disminuir el número de investigaciones derivadas de ataques cibernéticos.

Para concluir, quisiera señalar que las tecnologías de la información y las comunicaciones así como la dinámica global de intercambio de información, plantean en todas las sociedades un cambio de paradigma en aspectos económicos, culturales y comunitarios.

Marginarnos de los avances tecnológicos, implica un rezago. Por ello es necesario incorporar, como política de Estado, aquellas tecnologías que nos permitan transformar la información en recursos, potenciando nuestra economía.

La ley no debe ser lastre, sino brío de la actividad científica y técnica, por ello debemos abrir los ojos a los beneficios que ha traído la innovación a los países que se han asumido como sus líderes y promotores. Japón o Alemania, sin contar con grandes riquezas naturales han hecho de la ciencia una industria redituable, a través de la cual han garantizado su crecimiento. Es hora de que México haga lo propio.

Agradezco a todos.