Hay ventanas de oportunidad en todas las instituciones públicas para generar ahorros aprovechando la tecnología.

La diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, impulsa una ley que promueva la adopción de nuevas tecnologías en las funciones del Gobierno, a fin de que la ciudadanía pueda ejercer con mayor facilidad sus derechos, se agilicen todos los trámites del sistema gubernamental y se generen ahorros.

“Lo que podríamos esperar de una ley de adopción tecnológica es el cumplimiento de la obligación del Estado de ofrecer mayor seguridad en entornos digitales, e incorporar permanentemente mejores prácticas en el ejercicio de la función pública. Todas las instituciones públicas, sin excepción, tienen ventanas de oportunidad para mejorar el ejercicio de sus funciones, aprovechando la tecnología”, afirmó.

En este marco, la legisladora consideró que la Ley no puede rezagarse frente a una sociedad en constante evolución, por ello, dijo, es urgente identificar áreas de mejora para procurar el máximo y más extensivo beneficio social, a la vez que aprovechar mejor los recursos humanos, financieros y materiales de cada institución.

Sobre todo, abundó, para encontrar los mecanismos, protecciones, garantías e incentivos que se requieren para generar desarrollo y riqueza en México, a la vez que se cierran espacios a la corrupción, se afianza la transparencia, la rendición de cuentas y se conjuga austeridad con innovación.

“Marginarnos de los avances tecnológicos, implica un rezago, por ello es necesario incorporar, como política de Estado, aquellas tecnologías que nos permitan transformar la información en recursos, potenciando nuestra economía”, agregó.

Barrera Badillo reiteró que la ley no debe ser lastre, sino brío de la actividad científica y técnica, y que México debe abrir los ojos a los beneficios que ha traído la innovación a los países que se han asumido como sus líderes y promotores, como Japón o Alemania.

Por lo anterior, propuso el establecimiento de un órgano público que promueva la adopción de tecnologías, previa determinación de los ahorros o beneficios que se podrían obtener, y su implementación se llevaría a cabo a través de las direcciones generales de tecnología e información de cada institución.

Este órgano, indicó, actuaría siguiendo las recomendaciones de un consejo consultivo integrado por representantes de los sectores público y privado, particularmente por personas o entes especializados en tecnología, innovación e investigación que promuevan esquemas de colaboración para reducir la brecha digital.

Sin embargo, puntualizó que, los mecanismos de adopción de nuevas tecnologías deben incorporar controles de transparencia y rendición de cuentas para evitar el desvío de recursos u otras prácticas reprobables.