El Presidente no estaría obligado a usar la banda presidencial en la presentación de su informe ni al recibir cartas diplomáticas.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de eliminar la obligatoriedad que tiene el Ejecutivo de portar la Banda Presidencial al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión y al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno Mexicano.

El legislador recordó que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el Titular del Ejecutivo Federal presentará un informe por escrito ante el Congreso de la Unión, sin embargo, en ningún lugar se hace referencia a la portación de la banda presidencial por parte del Presidente de la República, por lo anterior, consideró que su propuesta armonizaría el marco normativo.

En este marco, Bonifaz Moedano recordó que la banda presidencial constituye una forma de presentación del lábaro patrio y es emblema del Poder Ejecutivo, por lo que sólo podrá ser portada por el Presidente de la República y hoy en día, el 78 por ciento de los mexicanos creen que los símbolos patrios ayudan a que los mexicanos estén más unidos.

“De hecho, para los mexicanos, los lábaros patrios son importantes, pues estos representan la unión como compatriotas dentro y fuera del territorio nacional. De acuerdo con la casa encuestadora De las Heras Demotecnia, el 44 % de los mexicanos creen que la bandera es el símbolo más representativo de todos, mientras que el 17 % de los encuestados piensan que es el himno nacional, y solo el 15 % considera que el escudo nacional es el más representativo de nuestra nación”, argumentó.

Asimismo, Bonifaz Moedano subrayó que la Suprema Corte de Justicia, en el amparo en revisión 171/2017, refrendó el valor de portar la banda presidencial y se argumenta que el hecho de portarla tiene una finalidad objetiva en función de lo que representa históricamente el emblema de mérito; por lo que la propuesta en comento va en consonancia con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con las facultades de los legisladores para implementar clasificaciones válidas para alcanzar un objetivo constitucionalmente válido.