DIPUTADA CLAUDIA PÉREZ RODRÍGUEZ (CPR). Buenos días a todos. La verdad estoy muy contenta de estar aquí.

Saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados que han intervenido en este tema.

La verdad es, Wendy, Paola, todas ustedes son un ejemplo para mí –Lorena- para lograr este propósito para las mujeres.

Distinguidos representantes de organizaciones, público en general que hoy nos acompaña.

Me siento muy honrada en poder dirigirme a ustedes y exponer algunas de las circunstancias que dan motivo a la iniciativa que reforma, deroga y adiciona, diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual reproductiva.

Por lo que no dejo de insistir que a lo largo de la historia, las mujeres hemos enfrentado diversas batallas, y un reflejo de esa lucha, hoy hablamos de una Legislatura de la Paridad, por lo que asumimos el compromiso de ir eliminando lastres normativos que atentan contra nuestra protección, respeto y garantía de nuestros derechos.

En pleno siglo XXI hay retos que superar; el entorno social es influyente e impide que las mujeres podamos decidir por nosotras. Ése es el ser. Y prueba de ello, es que el Estado tutela nuestros cuerpos.

Cuando el deber ser, establece que la mujer es quien debe elegir en qué momento quiere o no quiere ser madre.

Nuestros derechos existen, pero necesitamos que sean reconocidos.

Para esta época no es válido sujetarnos a ideas que niegan el derecho a la mujer a ser madre o a no serlo.

Es primordial que las mujeres tengamos la posibilidad de decidir sobre las vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre la sexualidad y reproducción.

Hoy, a más de 10 años de discusión sobre el tema legislativo de la interrupción del embarazo, la gran mayoría de las legislaciones en materia penal, contemplan supuestos a lo que es posible la interrupción del embarazo. Pero ello no es suficiente y explico por qué.

En México, se registran un millón de interrupciones del embarazo y sin importar la tendencia inquisitiva y (inaudible), se pretenden incrementar las penas y eso no va a impedir la interrupción del embarazo.

El problema es de fondo, el derecho a interrumpir el embarazo es un problema de justicia social y yo lo digo, de mujeres pobres, porque las mujeres ricas sí tienen para ir a una seguridad privada y poderse hacer una interrupción segura.

Y habrá que considerar los permisos de la ley para la práctica de la interrupción.

Por ejemplo, en el tema de la violencia contra la mujer es una constante, pero sin duda una de las formas de violencia más lacerante es la violencia sexual. Y decimos que más de 16 mil mujeres son violadas en México, según reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que estamos ante una cifra estimada de denuncias ante el ministerio público, ello sin considerar que un amplio número de mujeres, no forma parte de quienes van y denuncian ante el ministerio público.

Podemos evidenciar que la interrupción del embarazo deriva de una violación y que la ley permite su práctica, pero ello, no se concretiza ¿Por qué? Porque está desarmonizado lo que establece la ley con la realidad.

Acude una mujer a la institución de salud y no le es practicada la interrupción porque primero tiene que ir al ministerio público, tienen que investigar y se rebasa el término de 12 semanas.

Entonces, cuando ya tiene el permiso, el producto ya camina, ya nació.

Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo uno, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Y el otro párrafo, también señala que las autoridades en el ámbito de sus competencias, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Y si a eso sumamos que el Estado mexicano participó en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y donde surgió la Recomendación General 31 de la CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la cual, entre otras cosas, revela como prácticas nocivas, el ejercer control sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y de las niñas.

Siendo una exigencia internacional, con la que los gobiernos anteriores –escuchemos- los gobiernos anteriores se comprometieron y hasta la fecha no se ha cumplido, motivando que esta legislatura a la que pertenecemos, se diera la oportunidad de generar ejercicios democráticos de parlamento abierto, como bien lo expresó la presidenta, a través de la discusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como se dijo en 22 ciudades de los 20 estados de la República en donde se analizaron y discutieron las propuestas de reforma y participaron académicos, funcionarios, la protección civil.

En Tlaxcala, no fue la excepción, y yo pensé que me iban a correr del estado, y me llevé una sorpresa, todas las mujeres que fueron al foro son progresistas.

Solamente fue un hombre el que habló en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo.

La verdad le agradezco mucho a mis compañeras porque estuvieron ahí y me apoyaron.

Resultando de los foros, y como una constante, lo siguiente:

Uno, que se garantice la interrupción legal del embarazo conforme a los protocolos internacionales en materia y de acuerdo a la forma en que se atiende esta práctica en otros países.

Que se garantice la autonomía reproductiva de las mujeres para que en el momento que lo soliciten, puedan ser intervenidas, y si ellas lo desean, no volver a procrear.

Tres, garantizar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sean asumidos por el Estado mexicano, a través de políticas públicas de la más alta calidad en materia de salud, contando con asesoramiento, acompañamiento y finalización de tratamientos.

Todo lo anterior se encamina a que la mujer ejerza sus derechos sexuales y reproductivos, y por consiguiente, decida sobre su cuerpo y su derecho a ser madre o no serlo, por lo que el Estado debe generar los medios adecuados y suficientes para garantizar esa interrupción del embarazo de forma libre, segura y gratuita, eliminando la criminalización de la mujer por parte del personal médico, de procuración y de administración de justicia.

De lo contrario, seguiremos criminalizando a la mujer, obligándola a continuar con el embarazo o sometiéndola a la persecución penal, lo que sin duda viola sus derechos a la autonomía, a la integridad física, sicológica y emocional, así como la realización de su proyecto o meta de vida, a lo que ella es libre. Somos libres compañeras.

En conclusión, hay obstáculos qué vencer en las instituciones de salud, en los ministerios públicos y en los juzgados. Hay que reconocerlo, en los juzgados también.

De qué sirven los permisos en la ley si no los ejecutan, son inaccesibles.

Finalmente, es un tema de libertad de conciencia que se refiere a la libertad del ser humano, para apegar su comportamiento conforme a sus pensamientos y principios. También ha sido una limitante para la interrupción legal del embarazo, ya que los profesionistas que deciden oponerse a dicha práctica, se excusan en eso, en dogmas, en cuestiones subjetivas que no tienen que ver con los derechos humanos.

Este equilibrio de libertad de conciencia entre las mujeres y médicos, es indispensable para que cada institución de salud pública, pueda asegurar que al menos una persona en todo momento, esté disponible para poder practicar la interrupción legal del embarazo a cualquier mujer que lo requiera y que la libertad de conciencia no sea un impedimento para que la mujer acceda a su derecho humano a la salud sexual pública y gratuita.

La reflexión es que el Estado tiene que garantizar las mejores condiciones al derecho a ser madre, pero si la decisión es lo contrario, el Estado tiene que dar las condiciones para que se garantice que ninguna mujer sufra riesgo y decida interrumpir su embarazo.

Es importante que quienes nos escuchan sepan que la iniciativa que se propone obedece a una recomendación internacional, pero sobre todo a un tema de justicia social.

Y debe aclararse que no se promueve el aborto o la interrupción del embarazo. Tampoco estamos como un método anticonceptivo o de planificación familiar.

La pretensión es evitar la muerte de las mujeres que enfrentan la vida en condiciones adversas para convertirse en madres.

Queremos que las mujeres decidan de una forma libre y sobre su propio cuerpo. Que el Estado garantice esa decisión que la mujer tome en torno al embarazo y que exista el respaldo de las instituciones de salud, sin riesgo a que sean discriminadas, victimizadas o criminalizadas.

Gracias por su atención, y lo que les puedo decir es algo que le aprendí a la diputada Wendy durante toda esta gira: los derechos humanos de las mujeres no se regatean, se ejercen.

Muchas gracias.