DIPUTADA ROCÍO DEL PILAR VILLARAUZ MARTÍNEZ (RPVM). Muchas gracias, diputadas y público asistente. Gracias por acompañarnos a la presentación de esta iniciativa. Primero quiero destacar la importancia de los parlamentos abiertos para un Congreso democrático y moderno que fomenta la participación social y donde se recoge la voluntad del pueblo. Como señala la diputada Paola, los foros fueron llevados a cabo en 22 ciudades de 20 estados de la República organizados por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena.

De los resultados de estos foros emana la iniciativa que hoy estamos presentando y que ha significado un gran trabajo por parte de la ciudadanía de las feministas, y de muchos compañeros, diputadas, diputados de Morena, para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

En este caso a través del bien primario que poseemos, nuestro cuerpo, y en consonancia con el derecho a la libre autodeterminación.

También quiero reconocer pues que a lo largo de varias legislativas y de esta misma se han registrado otras iniciativas de aquí de varias legisladoras, y que, bueno, la idea es conjuntar y fortalecer el marco jurídico para que lo logremos.

Aunado a las propuestas levantadas en los foros, con esta iniciativa el Estado Mexicano estaría cumpliendo con las recomendaciones generales emitidas por el comité de la CEDAW.

El Comité para la eliminación y la discriminación contra la mujer, nos señala que es obligación de los Estados parte respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica, así como ha manifestado su desacuerdo en contra de las leyes restrictivas en materia de aborto. Particularmente aquellas que prohíben y penalizan el aborto en toda circunstancia y ha confirmado que este tipo de leyes impulsa a las mujeres buscar abortos clandestinos en condiciones de riesgo.

El no cumplir con estas obligaciones es considerado por la CEDAW como una violación a los derechos a la vida y a la salud de las mujeres.

Otra recomendación en este sentido, es la eliminación de los castigos para las mujeres que se someten a un aborto contenido en la recomendación general 24, del mismo comité y la declaración y plataforma de acción de Beijing.

El Comité también ha solicitado a los Estados parte garantizar que la nueva legislación cumpla con la promulgación de una legislación que favorezca la interrupción del embarazo en caso de violación, incesto, y anormalidades congénitas del feto.

De igual manera no podemos dejar de ver, que la punibilidad del aborto tiene graves consecuencias en la mortalidad materna en los embarazos adolescentes. En su mayoría son ocasionados por la violencia sexual hacía las niñas y adolescentes y que bajo la legislación actual son obligadas a concluir un embarazo.

Esta iniciativa es producto de esas voces ciudadanas que coinciden con la urgencia de los instrumentos internacionales que garantizan los derechos y la vida de las mujeres en términos de salud pública, justicia social, reconocimiento de los derechos humanos; con lo que queda saldada la deuda histórica de nuestro país hacia las mujeres mexicanas.

Con esta iniciativa se garantiza el derecho a la interrupción legal del embarazo, la autonomía reproductiva de las mujeres, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos a través de políticas públicas de asesoramiento, acompañamiento y finalización de los tratamientos.

Las mujeres tenemos derechos en contar con los medios adecuados y suficientes para garantizar el acceso a un aborto libre y seguro. Por lo tanto es necesario erradicar la criminalización de las mujeres por parte del personal médico y de procuración de justicia, pues implica una violación de los derechos de las mujeres a su autonomía, a su integridad física, psicológica, y emocional así como a la realización de su proyecto de vida.

Todas las mujeres tenemos derechos a acceder el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción sin ser discriminadas ni sufrir de violencia. La realidad ha superado las excepciones contenidas en los Códigos Penales, puesto que la situaciones que justificarían la interrupción del embarazo, no necesariamente encuadran en las disposiciones (inaudible) de la ley, lo cual, deja a las mujeres en una situación de indefensión, que en los hechos, o las obliga a continuar con el embarazo o las enfrenta a una persecución penal; por es esta ley es una necesidad.

Por ejemplo en la Ciudad de México, de los 214 mil 165 casos de interrupción del embarazo, 149 mil 74 corresponden a la Ciudad de México, y 65 mil, 91 a otros estados.

Lo cual deja la clara necesidad de garantizar el acceso a los servicios de salud que garanticen una interrupción legal del embarazo segura, porque no habemos mexicanas ni de primera, ni de segunda.

Cabe desatacar que de los procedimientos realizados, 165 mil 859 son realizados por medicamento, lo cual no implica un alto impacto presupuestal y lo más importante, es que no ha habido una muerte en mujeres por una interrupción del embarazo lo cual ha eliminado la muerte materna por esta causa.

Como Legislatura de la Paridad de Género, manifestamos la urgencia de realizar las modificaciones legales para que las mujeres tengan mecanismos efectivos de acceso a la justicia, que la violencia sea sancionada y que se contemple la reparación del daño.

Un precepto moral no puede nunca estar por encima del derecho, porque los derechos no se consultan, se reconocen.

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ni un paso atrás. Vivas nos queremos. Gracias.