DIPUTADA TATIANA CLOUTHIER CARRILLO (TCC). Con su venia, señora presidenta.

Sin lugar a duda, el combate a la corrupción ha sido una de las principales luchas que prometimos en campaña y es una de las principales luchas del presidente de la República. La Ley de Austeridad es un paso decisivo en este gran esfuerzo para cambiar el statu quo y lograr separar el poder político el poder económico.

Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, esta propuesta de reserva que hoy presento surge de una preocupación, el derecho de los funcionarios a un trabajo digno en el presente, pero también en el futuro.

La corrupción y la opacidad a la que nos acostumbraron los gobiernos del pasado, han lastimado la reputación del servicio público, y por eso una de las principales banderas de la cuarta transformación es redignificar el servicio a la sociedad.

Sin embargo, el candado que tenemos puesto en el artículo 24 del dictamen, en donde dice que no se puede trabajar o incorporarse después a un trabajo dentro de la iniciativa privada hasta 10 años, es un exceso.

Me queda claro que hubo malos funcionarios, especialmente en altos mandos durante diferentes gobiernos, y son estos servidores públicos los que la justicia está persiguiendo hoy. No obstante la mayoría de los funcionarios públicos son honestos y dedican su vida al trabajo en la función pública.

Para ser un buen funcionario público, no solo es necesario el conocimiento técnico, sino se necesita vocación de servicio, por ello la administración pública requiere de atraer a los mejores perfiles, y no tengo duda que un candado de 10 años para trabajar en una empresa vinculada al tema de trabajo dentro del gobierno, es un obstáculo para este propósito. Al paso de un funcionario del servicio público a la iniciativa privada, se le conoce como la puerta giratoria.

Nadie niega que debemos regular este exceso y este abuso que se tuvo en el pasado. Sin embargo, tampoco podemos limitar el derecho de laborar de cualquier servidor público en un futuro y el trabajo en la función pública tampoco es eterno.

Compañeros y compañeras, nos encontramos así en el deber de encontrar el punto medio, un punto medio para la regulación de las puertas giratorias, y para ello debemos buscar cómo dañar menos el interés de la sociedad, pero también de los particulares, es decir, del profesionista.

Por eso, podemos remitir unos ejemplos internacionales. En Francia, los altos funcionarios deben esperar al menos tres años para su separación de puestos antes de entrar a la iniciativa privada. En España el candado es de dos años. En los Estados Unidos, en al menos 44 estados, esta práctica oscila entre los seis meses y los dos años.

Estos tres ejemplos muestran que el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad es claramente un exceso. Estamos condenando a los funcionarios públicos a un desempleo o estar obligados a vivir de la política, y como que nunca pudieran terminar los plazos para su propio trabajo.

¿Quién garantiza que el puesto de un funcionario público estará siempre de forma perenne? Peor aún. En vez de combatir la corrupción podríamos estar dando un incentivo para que los servidores públicos caigan en ella al tener que garantizar su subsistencia por una década.

Por esta razón hago mi reserva y la presento en lo que creo puede ser un punto intermedio a este exceso y a la ausencia de un mecanismo efectivo. Propongo que la prohibición sea de cinco años, es decir un lustro. Es suficiente para evitar los riesgos de que un exfuncionario se enriquezca mediante el uso de información privilegiada, pero no es un periodo excesivo que viole el derecho a un trabajo digno.

Compañeras y compañeros diputados, recuperemos la dignidad del servicio público. La gente nos ha dado el mandato de enfrentarnos a la corrupción, pero lo tenemos que hacer de forma responsable.

La mesura y la sensatez es lo que hoy debe prevalecer. Los invito a que reconsideremos nuestro voto. Muchas gracias.

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https://youtu.be/wML1evyJwr8