DIPUTADO IGNACIO BENJAMÍN CAMPOS EQUIHUA (IBCE). Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores, quienes somos parte de esta cuarta transformación tenemos el firme compromiso con el pueblo de México de acabar con la corrupción. Para ello se requieren reformas jurídicas y fiscales que impidan y combatan hechos que flagelen al erario público.

Parte del descontento social fue provocado por las condiciones de inequidad y de desigualdad que permearon en el país, con consentimiento y colusión de los gobiernos anteriores.

En todos los ámbitos y sectores la inequidad fue una constante. En el tema tributario es urgente poner un alto a la evasión y a la defraudación fiscal que han afectado tanto la economía del país. Las cifras son verdaderamente escalofriantes.

Como ya se ha señalado, entre 2014 y 2019, el sistema de administración tributaria identificó más de 9 mil empresas de facturación y operaciones inexistentes, que generaron 8 millones de facturas simuladas, causando una pérdida fiscal de 1.6 billones de pesos.

Para darnos una idea del tamaño del daño al erario público haré un comparativo. La pérdida fiscal equivale a 2.5 veces el gasto público destinado a salud, y el 83 por ciento del gasto federal a estados y municipios en el 2020.

Con eso se podrían construir 221 hospitales, se podrían comprar 472 mil ambulancias, se podrían comprar 663 mil autos patrulla y se podrían construir 77 segundos pisos como el del Periférico y aun así no quieren ver esa realidad.

Hoy buscamos corregir esta inequidad, no es solo como un imperativo ético, sino también un requisito indispensable para el buen funcionamiento de una economía nacional.

El combate a la evasión fiscal también permitirá frenar la competencia desleal entre los diversos sectores que son el motor de la economía, así como evitar afectaciones a las finanzas públicas, cuyo fortalecimiento podría ayudar a millones de mexicanos a salir de las condiciones de pobreza que actualmente atraviesan.

Y para evitar confusiones y desinformación citaré brevemente en qué consiste.

Uno. Plantear reformar el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que incluya la defraudación fiscal cuando participen tres o más personas de forma reiterada y el monto de lo defraudado supere los 7 millones 800 mil pesos.

La mayoría de los empresarios no caen en estos montos de facturación. A quiénes defienden los que están en contra de esto.

Señala que se considera delincuencia organizada la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación consiste en imponer una sanción de 5 a 8 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y cuando el delito involucre a un servidor público en funciones será destituido e inhabilitado de 1 a 10 años para desempeñar un cargo público.

No se confundan, esta reforma no está creando un nuevo tipo penal, estamos dando al Estado los elementos y las herramientas para perseguir a una delincuencia muy sofisticada en altas ganancias ilícitas.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena apoyará el dictamen en sus términos. Nunca más un defraudador fiscal vivirá bajo el cobijo de la impunidad. Es cuanto, presidenta.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/r8Ntqb3OeH4