DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ (JSN). Con su permiso, presidenta.

Compañeras y compañeros, la corrupción y la impunidad son un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que genera.

La corrupción en su vertiente de evadir impuestos y simular operaciones para lavar dinero, provenientes de actividades ilícitas es una práctica que debe desterrarse y debe terminar.

La inmoralidad de algunos funcionarios públicos y algunos empresarios corruptos normalizó el lavado de dinero, y la evasión fiscal, como una forma de hacer negocios. El Instituto Mexicano de la Competitividad da algunas cifras importantes y que son referentes para dimensionar el tamaño del problema.

Señala que la corrupción tiene un costo económico al 2 por ciento del producto interno bruto y representa un cinco por ciento de las ventas anuales de las empresas, esto no solo resta competitividad, sino que además empobrece a las personas.

La cuarta transformación erradicará y cortará de tajo estas prácticas delictivas, para ello necesitamos que la autoridad tenga herramientas jurídicas necesarias para perseguir a quienes realizan actividades ilícitas para investigar y sancionar con todo rigor la evasión fiscal y el lavado de dinero, que fueron posibles por la complicidad entre falsificadores y funcionarios públicos.

Se ha reiterado aquí el tamaño y el monto del problema, una pérdida fiscal del 26.2 del Presupuesto de la Federación para el 2020 y el 6.1 por ciento del PIB para el próximo año.

Los dos billones de pérdida que hubo del 2014 al 2018 por operaciones de defraudación fiscal, por facturas falsas, retenciones falsas, no contar con documentos contables, outosourcing que omiten y defraudan prestaciones sociales a los trabajadores, así como la doble contabilidad deben terminar estableciendo estos hechos, la defraudación fiscal, en el catálogo de delincuencia organizada, ya que debemos atender el contexto actual del país.

El día de hoy las empresas y contribuyentes que realicen operaciones simuladas y demás contribuyentes que delinquen, han creado complejos esquemas organizados, con la finalidad de defraudar al fisco federal, de succionar los recursos públicos a través de la venta de facturas falsas y demás esquemas de evasión fiscal que a su vez derivan de complejos esquemas de lavado de dinero, encubren actos de corrupción y drenan los recursos del pueblo destinados al bien común.

Es importante señalar que cometen el delito fiscal grave quienes al tributar utilizan engaños, utilizan mecanismos para ocultar o disfrazar su conducta delictiva. Son empresas que deducen operaciones simuladas y aquellas que defraudan más de 9 millones de pesos.

También es importante señalar que incurren en delincuencia organizada, al conjunto de tres o más personas cuyo único objeto es el crimen. No son contribuyentes, son entes que su actividad criminal es permanente o reiterada. Son empresas que facturan sus operaciones de manera simulada.

También es necesario señalar aquí que esta reforma no es contraria, como se dijo en comisiones, a tratados internacionales, sino que da cumplimiento a una disposición internacional ampliamente ratificada. Da cumplimiento a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, que es uno de los convenios más ratificados por los integrantes de las Naciones Unidas.

El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen por el bien del pueblo de México, porque significa cero tolerancia para los contribuyentes corruptos que dañan al país. Es cuanto.

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https://youtu.be/mtyCpWfJlOw