DIPUTADO MARCO ANTONIO MEDINA PÉREZ (MAMP). Con su venia, diputada presidente.

Compañeras y compañeros diputados, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, en materia de combate a la defraudación fiscal, a la facturación falsa y a las empresas fantasmas.

Estas comisiones legislativas que suscriben, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se avocaron al análisis, discusión y valoración de la minuta con proyecto de decreto en mención.

El dictamen que presento este día a nombre de los integrantes de las comisiones unidas, deriva de una iniciativa presentada en el Senado de la República con fecha del 10 de julio del presente año, misma que fue dictamina por las comisiones unidas de esa Cámara, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, y a probada por esa asamblea el pasado 10 de septiembre con 82 votos a favor, 34 en contra y 0 abstenciones.

Con fecha 24 de septiembre de 2019, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la recepción de la minuta en comento.

Es muy relevante destacar que para elaborar el presente dictamen se utilizó el mecanismo de parlamento abierto en esta Cámara de Diputados, en un ejercicio en el que participaron un total de 19 ponentes en representación del sector académico, la sociedad civil, miembros de la iniciativa privada, juristas y especialistas en el ámbito fiscal, en cinco mesas temáticas en las que se pudieron compartir algunas inquietudes y puntos de vista sobre la minuta en cuestión, mismas que han sido incorporadas al propio dictamen y a los que se da cabal respuesta en los considerandos.

La aprobación de ese dictamen tiene como objeto primordial el combate a la defraudación fiscal en México. Supondrá el reforzamiento en la participación de distintas instituciones del ámbito federal en la solución a un problema de suma gravedad que se ha venido gestando durante muchos años, décadas, mismo que ha socavado la base fiscal del Estado y que ha representado un peligro para la seguridad nacional.

Como objetivos específicos, con las reformas planteadas se busca incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, así como considerar como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como son el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, esto explicando los montos, rango y circunstancias para imponer las sanciones correspondientes.

Como parte de las modificaciones legales planteadas, es muy importante dejar en claro que las disposiciones contenidas en la minuta dictaminada de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones.

El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas.

Estas medidas habrán de proteger a los contribuyentes cumplidos que en la cotidianeidad tienen que competir desventajosamente con varios supuestos negocios que, con facturas falsas y otras formas de defraudación, no dejan crecer a los auténticos empresarios.

Para dimensionar la relevancia que supone el combate a la facturación falsa y a las empresas fantasma baste remitirse a datos que son por lo menos preocupantes. Solo el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 5 por ciento de los ingresos del gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas.

La proporcionalidad de esta reforma está en función de la gravedad que enfrentamos. A grandes problemas, grandes remedios, dice el dicho popular. Estamos, pues, ante la oportunidad, la grande oportunidad para enfrentar un problema de la mayor gravedad para las finanzas públicas.

La meta es dotar de normalidad fiscal a nuestro país, cosa que no ha venido sucediendo, y a otorgar una base sana del financiamiento que proviene de todos los mexicanos, de todos los que contribuimos para el fisco, y esto para sustentar un desarrollo nacional democrático e incluyente. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

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