DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA (RCG). Con su permiso, diputada presidenta, Dolores Padierna.

Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia que hoy se pone a consideración de esta asamblea, por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, tiene por objeto combatir la defraudación fiscal.

Para ello, se incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada. Además, se considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de los actos ilícitos en contra del fisco federal tales como el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, especificando los montos, rango y circunstancias para imponer las sanciones correspondientes.

Las comisiones dictaminadoras reconocemos la importancia fundamental para reforzar los mecanismos jurídicos para combatir la evasión fiscal, ya que genera un menoscabo directo en la recaudación de recursos públicos del Estado y por lo tanto se afecta a toda la sociedad al reducir la inversión de políticas públicas prioritarias.

De ahí que el dictamen propuesto pretende dotar de mayores atribuciones a la autoridad de procuración de justicia y a la judicial para investigar, perseguir y sancionar estos delitos. Se trata de combatir la corrupción y la impunidad que le va aparejada. Estimamos que la severidad de las sanciones reducirá la incidencia delictiva, además de que estas corresponden a la magnitud del daño causado y al bien jurídico tutelado.

La propuesta a discusión salvaguarda los intereses de la sociedad mexicana y contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas. Para darnos una idea de la magnitud de la problemática y de la urgencia y responsabilidad que tenemos para legislar al respecto, es de señalar que en los últimos cinco años se estima que el Estado mexicano ha perdido alrededor de 2 billones de pesos debido a este tipo de defraudación fiscal.

Es importante aclarar que estas medidas no serán para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evadan contribuciones iguales o superiores a aproximadamente 7 millones 804 mil pesos.

Tampoco se sancionará al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales ni al que por error dejó de enterar contribuciones o al que fue engañado por su contador declarando datos incorrectos.

Las reformas solo afectarán a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas. El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales a que están sujetos por la corrupción.

Por estricta que se lea la reforma, no debe asustar a nadie, solo tenemos que portarnos bien. El que nada debe nada teme.

En suma, es una reforma que, con altura de miras, pretende evadir el daño al erario público, asegurar que el Estado tenga más recursos para instrumentar políticas públicas prioritarias y, proteger al sector privado de fraudes y engaño por parte de factureros y funcionarios públicos corruptos.

Es una reforma que apunta al fortalecimiento el desarrollo económico y social de México. De ahí, compañeras y compañeros legisladores, que pedimos su voto favorable al dictamen de mérito. Muchas gracias.

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https://youtu.be/d5zylHbAImw