DIPUTADO ALFREDO ANTONIO GORDILLO MORENO (AAGM). Con la venia de la Presidencia.

Bienvenida, señora secretaria. Cada sexenio trae consigo una visión de cómo ejecutar la política y sus programas y este gobierno ha sido claro en generar modificaciones trascendentales a la actividad del servicio público tanto en su trato con los gobernados como en la mejora de procesos para cumplir sus diferentes objetivos.

El trabajo de la Secretaría de la Función Pública es un trabajo muy discreto, pero a la vez fundamental, pues este es el que materializa la idea de la política en la ejecución de los actos diarios por parte de los servidores públicos. Es el enlace entre la expectativa de gobierno y el día a día en el interior de la administración pública federal.

En el Poder Legislativo estamos comprometidos con facilitar los medios y la estructura jurídica necesarios para que la administración pública sea funcional en el ejercicio del gobierno. Así ha quedado demostrado con la aprobación de la reforma de los artículos 116, 127 de la Constitución.

En materia de remuneraciones de los servidores públicos hemos propuesto y aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal a las Paraestatales y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como a diversas leyes orgánicas de órganos y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal.

Finalmente, emitimos también una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los Artículos 75 y 127 constitucional.

En este mismo sentido, en materia de actualización modernización normativa, reconocemos la labor que se ha realizado por parte del Poder Ejecutivo con las modificaciones a reglamentos, manuales de organización en general, estatutos orgánicos, así como las circulares y acuerdos para dar cumplimiento a los principios de legalidad y certeza jurídica que deben tener las normas aprobadas por el Poder Legislativo, sustentados en la racionalidad y proporcionalidad y respeto al régimen constitucional y al sistema jurídico mexicano en general.

Señora secretaria, la expectativa de la sociedad cuando piensa en la dependencia a su cargo es que esta cumpla y haga cumplir la ley mediante acciones de inspección, verificación, aplicación e implementación de diversas normas y políticas públicas.

Los ciudadanos de un régimen democrático como el nuestro tienen la legítima expectativa de que todos los funcionarios gubernamentales cuenten con un mínimo de honradez, eficiencia y vocación de servicio, para lo cual es fundamental la labor de la secretaría que usted encabeza.

La sociedad en general exige trámites más rápidos y más baratos, acabar con la burocracia, hacer procedimientos administrativos más fáciles, quitar regulación excesiva, que se privilegie el fondo y no la forma, pero, sobre todo, que cambie la percepción de que no hay avance o de que no se logra nada con una denuncia en contra de un servidor público.

Sabemos que hay mucho camino andado, pero también que queda un buen trecho por recorrer, para no dejar de lado los temas tan relevantes como la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública, que son fundamentales para el buen ejercicio del poder público en una democracia moderna.

Reconocemos como discurso central y eje del actual gobierno el combate a la corrupción, pues coincidimos que es un pilar fundamental para la transformación y del servicio público, mediante la sanción y la aplicación de la ley.

En función de lo anterior, le pregunto: ¿cuáles son las principales medidas preventivas de combate y de sanción a la corrupción, de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas cometidas por servidores públicos?

Asimismo, ¿cómo se ha sancionado desde el otro lado de la moneda a contratistas, licitantes y proveedores por faltas administrativas graves? Señora secretaria, le agradezco de antemano su presencia y por sus amables respuestas. Es cuanto.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/ZvbFxZYdCf4