· Se busca adicionar los artículos 5 y 6 de la Ley de Seguridad Nacional

La diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, propuso, a través de una iniciativa de reforma, robustecer la seguridad nacional frente a ataques cibernéticos que pudieran debilitar la economía mexicana y afectar, directa o indirectamente, a la población.

La legisladora advirtió que estos riesgos pueden traducirse en la filtración de datos confidenciales de la nación, la intervención de las comunicaciones privadas del Estado, e incluso la vulneración de activos informáticos críticos para la provisión de servicios vitales como agua, luz e Internet.

Hernández Pérez explicó que las tecnologías digitales se han vuelto pilar importante de la economía mundial, al punto de volverse recursos críticos para distintos sectores clave en la economía nacional, pues, por ejemplo, se encargan de tareas de alta precisión en sectores como el energético, las comunicaciones, la salud y el transporte.

Sin embargo, agregó, el marco legal no reconoce a las amenazas cibernéticas como amenazas a la seguridad de México, a pesar de que los incidentes de ciberseguridad pueden tener distintos orígenes e intereses, además de los criminales: tal es el caso de la competencia entre empresas, los ataques financiados, aquellos ocasionados por desastres naturales, o simplemente por errores humanos.

Recordó que ya se han presenciado incidentes de esta naturaleza con consecuencias onerosas para el país, como el ciberataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), registrado el 17 de abril del año 2018; y el dirigido contra Petróleos Mexicanos (Pemex), donde los ejecutores esperaban recibir 4.9 millones de dólares a cambio de restaurar los archivos de la petrolera.

“Es importante considerar la importancia de asegurar y mantener la integridad de la infraestructura tecnológica del país, considerando que ésta es parte del ciberespacio y goza de los beneficios y riesgos que esto lleva consigo, como la exposición de las infraestructuras sensibles a las amenazas internacionales, guerra cibernética, ciberespionaje, y la continua militarización del ciberespacio”, expresó.

Por su parte, Marivel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, enfatizó la necesidad de que el Estado emprenda acciones para proteger a los ciudadanos y sus actividades en los sistemas informáticos en el sentido de que más de 33 mil millones de personas en nuestro país fueron víctimas de ciberdelitos.

La legisladora manifestó que en México son casi 80 millones de personas las que tiene acceso a Internet y para 2050 se calcula que habrá mil millones de dispositivos conectados en la nación, por lo que es ineludible toman medidas de resguardo.

Por su parte, la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, puntualizó que México está en el tercer lugar a nivel mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, sólo por debajo de China y Sudáfrica, pues en los últimos 4 años la nación recibió 30 mil reportes telefónicos ligados a delitos cibernéticos, de los cuales 53 por ciento ocurrieron contra dependencias de los tres niveles de gobierno, mientras que 26 por ciento pasó contra ámbitos académicos y 21 por ciento contra el sector privado o empresarial.

La suplantación y robo de identidad, agregó, representa 68 por ciento de los delitos cibernéticos, 17 por ciento son fraude y el 15 por ciento corresponde a hackeos.

“La legislación actual en materia federal y la de los estados de la República sobre delitos informáticos, se ha visto superada por la rápida evolución de los medios electrónicos”, declaró.

En esta tesitura, la diputada Eugenia Hernández detalló que se plantea reformar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, con el objeto de reconocer a los ataques cibernéticos como amenazas a la seguridad nacional, de crear una estrategia de defensa a los ataques cibernéticos y de fomentar la cooperación internacional en torno a la ciberseguridad como política exterior.

Además de adicionar al artículo 6 la definición de ciberespacio como el ámbito artificial creado por medios informáticos, para los efectos de la presente ley.