- El 4 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Rivera Osorio fue asesinada en Ciudad Universitaria.

- El 18 de agosto de 2018, Miranda Mendoza, estudiante del CCH Oriente, fue secuestrada al salir del plantel.

- Durante 2019, el número de quejas por acoso sexual en la UNAM duplicaron las que se reportaron en 2018 y 2017, y muchas de éstas no culminan en sanción.

La Diputada Beatriz Rojas afirma que estos son sólo tres ejemplos de violencia de género que han acontecido contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en los últimos años. La violencia de género en las universidades públicas y privadas es un hecho frecuente pero poco reconocido y atendido por esta institución. Aunado a la inseguridad, el narcomenudeo y la falta de servicios médicos adecuados dentro de los centros educativos, son problemas que enfrentan las y los estudiantes de la UNAM en su día a día. Aunque se han organizado en diferentes Asambleas para exigir respuesta a sus demandas, las autoridades universitarias parecen no querer escucharlas ni atenderlas.

La UNAM se encuentra hoy ante una situación compleja, producida por el hartazgo de las alumnas y los alumnos ante la poca efectividad, o inexistencia, de protocolos que den respuestas satisfactorias a las agresiones de género y las distintas situaciones de inseguridad que se viven en los distintos centros de educación superior que conforman la universidad más grande de México, donde se reúnen diariamente miles de estudiantes, algunos de ellos menores de edad.

La violencia de género en la universidad se ha manifestado de diferentes maneras contra las alumnas, trabajadoras administrativas y profesoras. Las denuncias han ido incrementando y cada vez salen a la luz más casos de alumnas que sufren hostigamiento sexual por parte de profesores y alumnos, que son grabadas, violadas o agredidas en los sanitarios de distintas facultades, como en las Facultades de Ciencias, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras. Pero también se presentan casos de este tipo en preparatorias, donde las menores de edad sufren estos delitos.

Desde el 23 de octubre, cuando la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán realizó un paro de actividades por la violencia de género, inició la lucha de las mujeres de esta institución para exigirle a las autoridades universitarias que este tipo de situaciones sean sancionadas y eliminadas de la vida universitaria. Con exigencias similares, otros planteles se han unido a las protestas, como la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y la Preparatoria 9 desde el 4 y 12 de noviembre de 2019 respectivamente, y la Preparatoria 3 desde el 22 de enero de 2020. Hoy, son 11 planteles en total los que mantienen suspendidas sus actividades, exigiendo que se modifiquen los estatutos universitarios para sancionar los delitos relacionados con cualquier tipo o modalidad de violencia de género.

Las demandas son claras: Destitución de los profesores y trabajadores y expulsión de los alumnos que han ejercido violencia de género contra alumnas y compañeras en sus diferentes expresiones; además, que se atienda y sancione debidamente a estos agresores; que se hagan eficientes los protocolos para atender la violencia de género dentro de la institución educativa; y no re victimización de las denunciantes. Ante tales demandas, las autoridades de la UNAM han actuado de manera lenta, asegurando que han cumplido.

La Diputada Beatriz Rojas Martínez, hace un llamado, siempre respetando la autonomía de la que goza la Universidad, para que el Rector, la Abogada y el Secretario General de esta institución den solución inmediata a las demandas de las estudiantes y atiendan debidamente los casos de violencia de género brindando servicios psicológicos y jurídicos que garanticen la atención y acompañamiento legal de las alumnas hasta sancionar a los agresores.

La Diputada Beatriz Rojas llama a que no se desestimen las peticiones de las alumnas y no se permita que su lucha pasea un segundo plano, ya que su seguridad es primordial dentro de la comunidad universitaria.

Las demandas son legítimas, por ello llamamos a que las autoridades escuchen y dialoguen sin desprestigiar a las demandantes y que éstas puedan presentar puntos claros para su cumplimiento, permitiendo que la vida universitaria al interior de la institución continúe, libre de toda violencia de género y en favor de su comunidad.