DIPUTADA LUCÍA FLORES OLIVO (LFO). Con el permiso de la presidencia.

La Ley General de Desarrollo, desde su origen, ha ordenado al gobierno federal integrar por conducto de la dependencia en el ramo de desarrollo social un padrón o relación oficial de los beneficiarios atendidos por los programas federales de la materia.

No obstante, la aplicación de este mandamiento ha sido bastante deficiente en sus primeras fases, de tal manera que era imposible enfrentar el mal uso de los recursos destinados a estos instrumentos, para evitar los casos de duplicidad en los apoyos y la entrega de estos a personas que realmente no cumplían con los requisitos establecidos en las reglas de operación.

En junio del 2018 Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, elaboraron un reporte en torno a 515 programas y 28 acciones para el desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal. De este ejercicio concluyeron que no había controles institucionales suficientes para asegurar el adecuado ejercicio de los recursos públicos destinados a la superación de carencias.

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre del 2018, se atribuyó expresamente a la Secretaría de Bienestar, la integración, mantenimiento y actualización de un sistema de información con los padrones de beneficiarios de los programas sociales de la administración pública federal, así como la depuración de sus duplicidades.

De tal sistema el Padrón Único de Beneficiarios el cual se encuentra en la etapa de perfeccionamiento, para este propósito, sería un error soslayar la participación de los niveles locales del gobierno. En términos del artículo 17 de la ley, se determina que los municipios son, por regla general, los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social.

Las dependencias y organismos de las entidades federativas, también asumen este papel cuando se les confiere expresamente en las reglas de operación, por ende, dichas instancias son en muchas ocasiones los primeros receptores de los datos proporcionados por las personas que solicitan su incorporación a un programa federal o que son seleccionadas mediante el levantamiento de información.

El Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, contempla la celebración de convenios de coordinación y cooperación técnica entre el Ejecutivo federal y los gobiernos de entidades federativas, con la participación, en su caso, de los municipios y de las demarcaciones territoriales a efecto de que coadyuven en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la política nacional de desarrollo social.

Uno de los compromisos que pueden contraer en esos convenios es colaborar en la integración y actualización de los padrones de beneficiarios, tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, mediante la elaboración de un procedimiento conjunto y conforme a calendario. Sin embargo, la suscripción de dichos convenios no es obligatoria. De manera que puede haber entidades federativas que no participen, o por lo menos no constantemente, en la actualización del padrón federal.

Compañeras y compañeros, por esta razón se propone a esta honorable soberanía adicionar un párrafo al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de que los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios estén obligados a proporcionar a la Secretaría de Bienestar la información que les requiera y que hayan recabado pero no trasmitido, acerca de los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social que estén operando, así como de los inscritos en sus padrones internos, para hace del padrón único un mecanismo eficaz. Es cuanto. Muchas gracias.

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https://youtu.be/2Bdpk-hNPQk