 Propone la legisladora por Morena que sean reformados los artículos 116, 55, 69, 74, 78, 89 y 108 de la Constitución.

La diputada federal por Morena, Claudia Yáñez Centeno, reiteró hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma a la Constitución para restringir a los titulares de la Coordinación General de Programas de Desarrollo y de las delegaciones de Programas de Desarrollo en las 32 entidades federativas que pretendan participar como candidatos a gubernaturas estatales, a menos que se separen de sus funciones tres años antes del día de la elección, para lo cual se debe reformar el artículo 116 constitucional.

En el caso de quienes deseen postularse como candidatos a diputaciones Locales, federales o senadurías, deberán separarse de sus funciones 1 año antes del día de la elección, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos humanos, financieros e informativos adheridos a su cargo; reformando el artículo 55 de la Constitución.

En rueda de prensa celebrada esta tarde en el interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora recordó que el martes 11 de febrero presentó la iniciativa con 70 firmas de legisladores de todos los grupos parlamentarios que se adhirieron a la misma.

Dicha iniciativa, dijo, está fundamentada en el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada el 19 de noviembre de 2019, en la que se establece que los funcionarios púbicos interesados en postularse a cargos públicos superiores o designaciones a candidaturas por sus partidos políticos, deberán separarse de sus puestos.

Indicó que lo que se pretende es reducir el uso discrecional de padrones de los programas sociales para efectos electorales, pues varios de los Delegados de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas se han visto involucrados en diversos actos de corrupción y de conflictos de interés que fueron denunciados por los beneficiarios de los programas sociales y los medios de comunicación.

Recordó que pues han sido múltiples los casos de abuso, como lo dio a conocer el 23 de enero de este año la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien informó que existen 102 denuncias presentadas ante esa dependencia federal; 30 fueron presentadas en contra de Delegados y 6 contra exdelegados, incluida la indagatoria que se lleva contra el exdelegado de Jalisco.

Además, mencionó que ya en octubre de 2019, la propia Secretaria de la Función Pública, dio a conocer que existen 12 denuncias en contra de 10 Delegados Federales (Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco) por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.

Entre las modificaciones constitucionales propuestas se incluye que la o el Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo propuesto por el Ejecutivo deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, a fin de establecer un orden político y democrático que implique el equilibrio y proteger los recursos públicos del Estado de conflictos de interés; reformando los artículos 74, 78 y 89 de la Constitución.

Se debe establecer que “las y los Delegados de Programas para el Desarrollo serán responsables por violaciones directas a la Constitución y demás Leyes Federales y Generales, por el manejo de los recursos financieros, materiales, informativos y uso indiscriminado de los padrones de beneficiarios de los programas sociales; reformando el artículo 108 de la Constitución”, agregó Claudia Yáñez ante los periodistas.

También, que la o el Titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo pueda ser llamado a comparecer ante el H. Congreso de la Unión cuando éste lo solicite, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo y uso de los recursos públicos federales; reformando el artículo 69 de la Constitución.

Durante su presentación ante los periodistas, la diputada colimense Claudia Yáñez estuvo acompañada por varios legisladores, entre ellos la diputada por el Tercer Distrito de Coahuila, María de los Ángeles Huerta del Río, quien, al respaldar la iniciativa presentada, manifestó que “en esta legislatura vamos a garantizar que sea imposible que ningún funcionario adscrito al manejo de los programas sociales puedan participar en las elecciones a menos de que renuncien en los plazos que se estipulan”.

Manifestó que “todos los diputados que impulsamos esta iniciativa estamos absolutamente convencidos de que este proyecto va a pasar sin ningún problema a las comisiones porque es la única manera que tenemos de garantizar que las elecciones se van a ejercer con transparencia y que de ninguna manera nadie podrá hacer uso en su beneficio de los programas sociales”.

Estuvo presente también el diputado federal (PT) por Tamaulipas, Armando Javier Zertuche, quien usó el micrófono para señalar que “la adhesión a la iniciativa de la diputada Yáñez no es cosa menor sino un asunto que debe interesarnos a todos. Más allá de la congruencia moral, y política, se trata de darle la dimensión justa a la importancia de la democracia social y participativa, la oscuridad con que se han manejado este tipo de programas exige necesariamente congruencia y dejar de lado la simulación ante los funcionarios públicos”.