DIPUTADA LORENA DEL SOCORRO JIMÉNEZ ANDRADE, (LSJA). Buenas tardes.

Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en este momento atendiendo a nuestra solicitud, de atención a dos temas sensibles.

Uno, el respeto a la dignidad humana enunciado en el artículo primero de nuestra Constitución y dos el derecho a la vivienda como un derecho humano consagrado en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, el mismo quesito toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Por otro lado, los artículos 14 y 16 que establece los derechos de debido proceso y de audiencia previa, que ordenan que nadie puede ser privado de sus propiedades, sin haber sido antes oído y vencido en un juicio con las formalidades que exige la ley.

A este respecto debo decir, desde este espacio, que además es el espacio de los mexicanos, para hacer visibles sus problemáticas, y desde aquí hago un llamado a los titulares de SEDATU, de la CONAVI, así como de INFONAVIT, para que en el ejercicio responsable de sus funciones intervengan y resuelvan cada uno en el ámbito de su competencia, la problemática que pongo a su consideración.

149 familias adquirieron con sacrificio su vivienda en el fraccionamiento Costa Dorada de la delegación de Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta Jalisco. En el año 2007, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT y la Hipotecaria Su Casita, Sociedad Anónima, les ofrecieron créditos hipotecarios, para adquirirla, el 5 de febrero del 2013, Su Casita se declaró en quiebra, según la publicación del Diario Oficial de la Federación, al cerrar sus oficinas las personas siguieron pagando sus aportaciones a INFONAVIT.

Al inicio de este año 2020 se presentaron abogados a desalojar en forma arbitraria, con policías armadas a las familias, intentando despojarlos de su patrimonio.

Ninguno de los afectados, debe decirse, fue notificado de algún proceso judicial en su contra. Se acudió a las oficinas de INFONAVIT en Puerto Vallarta y la funcionaria María Elena Martínez gerente de crédito INFONAVIT, se limitó a decir que no tenía conocimiento de nada.

Se acudió también a la delegación de la Fiscalía del Estado de Jalisco con sede en Puerto Vallarta, para hacer denuncias de amenazas y utilización de la fuerza pública, y los ministerios públicos no les escucharon, mucho menos los atendieron. En la misma actitud está la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, se ha tratado a estas familias como delincuentes, están viviendo momentos de angustia y desesperación, pues la empresa inmobiliaria Tertius, que dice haber adquirido la cartera o deuda, en cualquier momento les llama y amenaza, requiriéndoles entreguen la vivienda o paguen el total de la deuda, cuya tabulación es insultante.

En otros casos, pretenden negociar exigiendo mensualidades muy altas, exorbitantes para lo que estos trabajadores tienen como salario, debo señalar que la mayoría de los casos se está al corriente en los pagos al INFONAVIT.

Finalmente señalo, que el día de hoy, apenas hace unos minutos el pleno de esta Cámara de Diputado, aprobamos un dictamen que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda que Reforma el artículo 71, para agregar que, el esquema de cobranza deberá establecer el mecanismo de verificación para los despachos de esa cobranza, y garantizar a los acreditados un trato digno y respetuoso, reconociendo en todo momento sus derechos fundamentales y en estricto apego al código de ética, y el modelo de cobranza social del organismo.

Expreso además, la disposición del Ejecutivo Federal, en el sentido de cancelar los procesos de desalojo para los deudores de INFONAVIT, ofreciendo posibles soluciones que incluyen la reestructuración de los créditos y la cancelación de los procesos de desalojo, de esta manera hago patente nuestra solicitud de que se proceda en consecuencia, y se investiguen estos hechos a fin de que, quienes estén incurriendo en alguna irregularidad sean sancionados, y le será devuelta la certeza a los trabajadores de obtuvieron sus viviendas en esta comunidad.

Agradezco también, a mis compañeras diputadas, que el día de hoy me acompañan es cuánto.

DIPUTADA CARMEN PATRICIA PALMA OLVERA, (CPPO). Buenas tardes.

Uno de los mayores anhelos que tiene todo mexicano es poseer una vivienda del INFONAVIT, por muchos años ha respondido a esta necesidad, sin embargo, no ha sido la institución que dé garantía, e incertidumbre a quienes poseen una vivienda.

No podemos permitir que se siga operando con créditos hipotecarios para cuyos deudores les es imposible pagar. Las viviendas del INFONAVIT fueron construidas en décadas anteriores sobre 39.5 metros cuadrados, lo que equivale casi a vivir en una lápida.

Los mexicanos necesitamos ser tratados con ética, con responsabilidad, con honestidad, con valores y sobre todo con dignidad. La Constitución señala que tenemos derecho a una vivienda digna, digna, es una palabra subjetiva cuando miramos las colonias de los diferentes estados, hechas, a través de condominios, en los que, para poner un cuadro en tu casa casi lo compartes con el vecino.

Desde esta máxima tribuna y agradeciendo a mis compañeros y compañeras, que esta tarde me acompañan, hago un llamado respetuoso a todas las instituciones involucradas, así como a las constructoras que están trabajando en el diseño de nuevos consorcios condominales y de viviendas, para que estás sean realizadas conforme a los reglamentos que señalan las diversas instituciones.

Quintana Roo tiene un rezago de 86 mil viviendas, cuyos créditos hipotecarios no se han resuelto, en este sentido solicitamos que el director del INFONAVIT Nacional, tome cartas en el asunto, y tome este tema en sus manos, resolviendo en forma oportuna, el impedir que se siga desalojando a las familias.

Los quintanarroenses, así como todos los habitantes de la República Mexicana deben sentirse seguros, de que, desde esta tribuna, habemos comisiones, y diputados y diputadas pendientes de que no se sigan cometiendo atropellos en los desalojos de sus viviendas, los cuales se hacen en la mayoría de las veces sin que las personas sean notificadas, cuenta de ello, hay un rezago de 176 mil viviendas en la zona norte del país, y en la zona sur, solamente en Quintana Roo 86 mil.

Muchas gracias.

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https://www.youtube.com/watch?v=LSCrAfplpeE