• Los recursos de la iniciativa están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no generarán un impacto adicional

Si quieren ponerle nombre y apellido a los beneficiados con la reforma al artículo 4º constitucional en materia de bienestar, “pónganle México”, sentenció la diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Desde tribuna, para fundamentar el dictamen con proyecto decreto para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legisladora argumentó que se trata colocar al país en su obligación de garantizar los derechos humanos a la salud, educación y dignidad humana de todas las personas en nuestro país, especialmente las más vulnerables y que menos tienen.

Expresó que se trata de impulsar el bienestar y desarrollo de niñas, niños, jóvenes; personas con discapacidad permanente, adultos mayores, y de quienes carecen de seguridad social.

Recordó que fue el parlamento abierto la vía para llegar hasta el presente dictamen, en cuyo cuerpo se insertaron las opiniones de expertos, académicos, y servidores públicos locales y federales a fin de sustentar esta política pública que persigue el bienestar integral de mexicanas y mexicanos.

Precisó que los fines de la iniciativa consisten en garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social; y establecer un estado de bienestar igualitario “para garantizar que los pobres los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras calamidades donde todos podamos vivir sin angustias ni temores”.

Puntualizó que la iniciativa generaría un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones 508 mil 349 pesos, pero “todos estos recursos ya se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no hará un impacto adicional”.

“El estado del bienestar igualitario y fraterno que estamos aplicando y queremos llevar a rango constitucional tiene como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, el trabajo, la salud, la educación, la cultura, la vivienda y la seguridad social”, agregó.