- Remarcó que la finalidad de la reforma al Cuarto constitucional busca eliminar todas las brechas de acceso a la salud y crea un sistema para el bienestar que garantiza los servicios en este rubro

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, consideró como un acto de justicia la aprobación de la reforma que eleva a rango constitucional los programas sociales, la cual también va en acuerdo a una nueva lógica de la protección social en el país.

Al respecto, mencionó que tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), han reformulado su atención para que la protección social llegue a todos los sectores, sobre todo a los más desprotegidos y más desfavorecidos.

“La finalidad de esta reforma al Cuarto constitucional busca eliminar todas las brechas de acceso a la salud, se crea un sistema para el bienestar que garantiza los servicios en este rubro y brinda un enfoque de prioridad a la población mexicana que no cuenta con seguridad social”, acotó.

En ese sentido, agregó que la reforma constitucional pone énfasis en disminuir la desigualdad social en el acceso a la salud por parte de aquellos ciudadanos que no cuentan con seguridad social.

Recordó que el IMSS y el ISSSTE sólo brindan servicios de salud al sector asalariado del país pero deja fuera a las familias y personas que no cuentan con una ocupación remunerada; además otro porcentaje de la población trabajadora fue incorporada al esquema de outsourcing, una figura creada para no pagar prestaciones a los trabajadores.

Citó que cerca de 30 millones de trabajadores carecen de seguridad social por encontrarse trabajando bajo el esquema de outsourcing.

“El sistema de salud mexicano siguió la tradición en América Latina de la segmentación del derecho a la salud y dividió entre los asegurados, es decir todo el sector asalariado y formal de la economía, y los no asegurados que son los desempleados y subempleados”, indicó.

Dijo que en los hechos, el texto constitucional fue desatendido en su derecho a la salud y se tornó intangible. Mencionó que el IMSS atiende al 40% de la población, el ISSSTE al 7%, los seguros privados entre el 3 y 4%, pero un gran porcentaje de la población no tiene ningún servicio de salud.

“La realidad se ha encargado de visualizar, de vislumbrar, varios problemas que ha presentado el sistema de salud de México: un bajo nivel de gasto general en este ramo, el país destina muy poco porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro, sólo se invierte el 5.6%, muy por debajo del 7% que se invierte en América Latina”, señaló.

Tras afirmar que el gasto de bolsillo de los mexicanos sigue siendo la principal fuente de financiamiento, el cual es incluso mayor comparado con los países más desarrollados, remarcó que la carencia de seguridad social es uno de los males que aquejan al país ya que de acuerdo a reportes de la medición de la pobreza del CONEVAL, en 2014 la población que no tuvo acceso a la seguridad social fue el 58.5%, es decir 70.1 millones de personas del total nacional.

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