· Es una buena opción para que el Gobierno pueda vender algunos bienes y recuperar ese dinero para destinarlo a las causas de las personas más necesitadas: Mario Delgado

· La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 291 votos a favor, el dictamen que reforma diversas leyes para enajenar bienes mediante sorteo.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 291 votos a favor, 143 en contra y 0 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a fin de establecer los sorteos como mecanismo de enajenación de bienes.

Diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena coincidieron en que con la aprobación del proyecto, se establece un mecanismo óptimo para devolverle al pueblo todo lo que los actos de corrupción y la comisión de delitos ha robado a la sociedad.

El diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que al aprobar dicha reforma se permitirá el uso del sorteo como mecanismo para enajenar bienes por parte del Gobierno.

Explicó que en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se acumulan bienes que a veces es difícil de vender y que empiezan a generar un costo para el Gobierno mantenerlos, como casas, vehículos que se hacen viejos, yates, aviones.

Por ello, “se va a incorporar esta nueva figura para que a través del sorteo pueda deshacerse de algunos bienes; obviamente la idea viene de la venta del avión presidencial, pero esto podrá aplicarse para cualquier bien”.

Delgado Carrillo indicó que este mecanismo aprobado ya no fue necesario para el caso del avión presidencial TP-01, pero se siguió con la iniciativa porque “nos parece una buena opción para que el Gobierno pueda vender algunos bienes y recuperar ese dinero para destinarlo a las causas de las personas más necesitadas”.

Por su parte, el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza señaló que en la 4T es importante contar con procedimientos de enajenación que permitan que todas y todos los mexicanos puedan participar a un costo accesible, a efecto de agilizar la obtención de recursos de los bienes incautados.

“La organización de sorteos es sumamente conveniente para el Estado, pues con la venta de un determinado número de boletos se podría recuperar el valor del bien e incluso conseguir una mayor utilidad”, indicó.

Sibaja Mendoza subrayó la necesidad de dar celeridad a la enajenación de bienes, ya que con el paso del tiempo estos se van deteriorando y a su vez devaluando, lo que disminuye las posibilidades de obtener de ellos mayores ganancias.

En tanto, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe planteó que establecer el sorteo como una modalidad para vender bienes públicos representará un beneficio para todas y para todos los mexicanos, además permitirá al Estado hacerse de mayores recursos para beneficio de la ciudadanía.

“Así que el sorteo de bienes públicos coadyuvará a garantizar el bienestar de los sectores poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en especial de las niñas, los niños, de los adolescentes, de las personas indígenas, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza”, indicó.

Las diputadas María de los Ángeles Huerta del Río y Beatriz Pérez López manifestaron que devolverle al pueblo lo robado no solo es cuestión de nombre, sino es cuestión de justicia, a través de procedimientos de venta como las subastas con las cuales se han podido recaudar 351 millones de pesos.

Por lo que el día de hoy, se responde al reclamo social y se hace justicia social para que los recursos obtenidos de los bienes incautados, sean destinados específicamente en sufragar las necesidades de la población más marginada del país.

En atención a la solicitud de las mexicanas y mexicanos, en conjunto con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el mecanismo aprobado tiene la tarea de buscar, en la última decisión sobre cualquier bien patrimonial de la Federación, el máximo aprovechamiento en su valor y en su utilidad.