DIPUTADA TATIANA CLOUTHIER CARRILLO (TCC). Buenos días. Con su venia, señora presidenta.

Primero que nada, debo agradecer a mis compañeros legisladores el haberme concedido el que me excuse, porque como bien lo digo, no puedo votar cuando soy parte de las iniciadoras de este proceso.

Que no olvidemos que el poder político en la democracia es el instrumento otorgado por la ciudadanía para lograr el bien común de todas las personas.

Servir a la sociedad debería de ser el mayor honor de cualquier funcionario público o de cualquier gobernante. Cuando se traicione este principio esencial, también se traiciona la voluntad ciudadana.

Durante la administración pasada, parece que el uso de los recursos públicos para servir intereses particulares o de una facción partidista fue la regla en este país y no la excepción.

Recuerdo todavía algunos hechos, de las 13 universidades de la Estafa Maestra, cinco de ellas son del estado de México, el estado que gobernó el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, acto más público no puede estar a la vista.

Compañeros y compañeras diputados, vivimos momentos históricos. Por primera vez estamos ante la posibilidad de castigar la traición a la confianza ciudadana otorgada a los altos funcionarios públicos, la corrupción ha sido el mal que ha puesto en riesgo los mismos cimientos de nuestra República y del orden constitucional, es hoy donde debemos mostrarnos como la culminación de los actos que se iniciaron a través de las comisiones de la Auditoría Superior de la Federación.

Esto no es un tema personas, no es un tema de partidos, no es un tema de chivos expiatorios ni tampoco como algunos quisieron decir, de verdugos. Hay, al día de hoy, 25 denuncias penales derivado de los hechos que hoy expresamos aquí. Entonces, si a eso le llamamos así, no sé cuántas denuncias penales tiene que haber para poder que entendamos lo que la justicia demanda.

El instrumento del juicio político es una medida para llamar a cuentas a aquellos funcionarios públicos que dieron la espalda al juramento que hicieron al tomar protesta de su encargo, esto es guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante mi tiempo como coordinadora de la campaña del hoy presidente de la República, pude recorrer gran parte del país y comprobar los efectos perniciosos del mal manejo de recursos públicos y, sobre todo, escuchar el grito unificado de la sociedad que pedía alto a la corrupción, alto a la impunidad.

Así las cosas, quizá el caso de la Estafa Maestra fue el más notorio durante el sexenio pasado, no solo por la difusión de la prensa, sino porque reveló el método con el que se operaba el desvío de recursos públicos y porque los millones de pesos que sumaron estaban dirigidos a aliviar problemas tan delicados como lo que hoy nos aqueja que es la salud, la educación o la falta de alimento. Por estas razones es imposible soslayar la Estafa Maestra y que no tenga consecuencias políticas.

Ganamos. Ganamos porque entre otras cosas la gente pide una forma honesta en el uso de los recursos públicos y exige que la malversación de estos recursos no quede impune, especialmente cuando se lastima a los más vulnerables.

Compañeras y compañeros diputados, no dar respuestas a estas exigencias de justicia es inaceptable, repito, inaceptable.

Como legisladora que soy, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y aquí agradezco que esté el presidente de la propia Comisión, parte de mis tareas ha sido revisar los informes sobre la Cuenta Pública que esta institución elaboró para el año 2017 y 18.

En este orden de ideas, en términos del artículo 74, fracción VI y 79 de la Constitución, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, revisar la Cuenta Pública a través de la Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y verificar el cumplimiento de los objetivos, de los programas y del buen uso de los recursos.

En las auditorías practicadas por la Auditoría Superior, se comprobó que la entonces secretaria de Desarrollo Social y la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano encabezaba en su momento, por hoy la acusada, instrumentaron un esquema de contratación fraudulento al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, mismo que consistió en contratar universidades públicas e institutos de radio y televisión estatales, repito, contratar universidades públicas e instituciones de radio y televisión estatales.

Mediante este mecanismo se provocó un daño patrimonial al Estado mexicano por más de 5 mil millones de pesos, casi el 20 por ciento del presupuesto que se le otorgó en el año 2013 a la Universidad, a la UNAM, por poner simplemente un ejemplo de la cantidad de recursos y del daño que se le hizo al presupuesto federal.

Las universidades que participaron en este fraude fueron: la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad Tecnológica Netzahualcóyotl, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Politécnica de Texcoco, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Politécnica de Quintana Roo, la Universidad Politécnica Francisco I Madero, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y el Instituto Superior de Comalcalco, instituciones que debiesen estar educando a las futuras generaciones y que debiesen estar poniendo el ejemplo del Estado de derecho, de la ética y de cómo manejar y ser buenos servidores públicos, fueron cómplices de esta situación.

Yo invito a que no solamente esté yo aquí, sino que nuestros compañeros diputados de cada uno de estos estados de la república, y usted, presidente de la comisión, nos acompañen a seguir las denuncias contra estas instituciones. No podemos dejar esto como que no pasó nada.

Para la elaboración de este fraude la Auditoría detectó que se contrataban servicios que no correspondían con el objeto de los centros de estudio. Algunos ejemplos son: organización de conciertos musicales y eventos feriales, la compra de bienes ajenos a los requeridos para desarrollar actividades de investigación, y estudio y realización de comités ciudadanos y realización de encuestas.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que en una segunda etapa se usaron estos recursos para la contratación fraudulenta da institutos de radio y televisión de los estados, que en ese entonces eran gobernados por el PRI, que hoy yo creo que los salvó el virus porque por eso no nos acompañan. Estos fueron: la Televisora de Hermosillo, Radio y Televisión de Hidalgo, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

La segunda parte del esquema del fraude consistió, según los informes de la Auditoría, en que las universidades e institutos subcontrataran el 100 por ciento de los servicios contratados con empresas que presentaron irregularidades, como haber sido constituidas antes de la fecha de contratación, contar con domicilio inexistente, tener un objeto social totalmente distinto a la prestación de servicios por los que fueron contratados o se encontraban incluso sancionadas por el SAT.

De esta manera los productos entregados por los proveedores eran en muchos casos idénticos o se trataba de entregables consistentes en información totalmente plagiada del internet. La titular de ambas secretarías tuvo conocimiento de todos los hechos irregulares mediante la notificación de los informes de la Auditoría en la que se contiene puntualmente las irregularidades que señalé anteriormente.

Esto es, a la ex secretaria también se le otorgaron los pliegos de observaciones en los que se estableció el daño patrimonial. Es decir, la acusada sí sabía, la acusada sí supo lo que ocurría en su dependencia, y en vez de actuar prontamente para detener el fraude, las secretarías continuaron con este modelo y lo perfeccionaron, y multiplicaron el monto de recursos desviado, con lo que se acrecentó el daño patrimonial.

Compañeras y compañeros diputados, tomar la decisión de denunciar a una mujer, y a una mujer que ha destacado en la vida pública, no fue cosa fácil. Me motivaron las palabras de mi padre, Maquío, que decía que el hombre y la mujer que se precian de serlo no actúan por amor ni por presión ni por dinero, sino lo hacen por convicción. Mi convicción, y una de las razones fundamentales por las que hoy estoy aquí como diputada, es sumarme con el presidente de la República a acabar con este mal que nos ha hecho este país, y que es la corrupción, un cáncer mayor que el coronavirus.

También debemos dejar constancia de que el dinero de la educación y la salud son sagrados y consagrados como derechos básicos ya en nuestra Constitución. Los recursos privados son responsabilidad de cada quien, son individuales, y que cada quien haga el uso de ellos como quiera. Por cada peso que se llevaron dejaron a un mexicano sin estudios, sin acceso a la salud o sin un alimento.

Los invito a que hoy, hoy, hoy, a los panistas ausentes, que demos el primer paso para que como colectivo mandemos un mensaje contundente al pueblo de México: que la justicia en nuestro país sí es posible. Desde hace 93 años esta Cámara no se erigía para dar un cauce a un juicio político.

Compañeras y compañeros diputados hoy podemos seguir haciendo historia. Castiguemos el abuso de poder, acabemos con la impunidad y hagamos que las facultades que nos ha dado la Constitución sean utilizadas en bien del pueblo mexicano. Es cuanto, señora presidenta.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/WsB_ON12xt0