· Se trata de medida preventiva que no busca fabricar culpables, sino proteger profesionales de la salud, subrayó.

La diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para castigar hasta con 10 años de cárcel a las personas que, por ignorancia o premeditadamente, agredan al personal que labora en el Sistema Nacional de Salud, especialmente en el marco de una situación de emergencia mayor, como la pandemia por el virus SARS-CoV2, causante te la enfermedad covid-19.

La legisladora expresó que durante un periodo de profunda crisis emocional por causa de una epidemia o desastre natural, es común observar conglomerados humanos que, presa de la presión y desesperación, atacan a personal médico.

Sin embargo, añadió, de ninguna manera estas circunstancias representan justificación alguna para poner en riesgo la seguridad y hasta la vida de las personas que laboran en la procuración de la salud.

“Médicos, enfermeras y personal de limpieza combaten desde sus propias trincheras el nuevo coronavirus, sin importar los largos turnos de trabajo, las heridas físicas que les dejan las mascarillas, el tipo de equipo de protección con el que cuentan, su ubicación geográfica e incluso agresiones y amenazas por estar expuestos al virus”, manifestó.

Cada profesional de la salud, subrayó, cumple su papel, ya sea preparando equipos de detección, surtiendo medicamento, brindando diagnósticos, facilitando la estadía en el hospital al paciente o salvando la vida en las salas de cuidados intensivos.

En este orden de ideas señaló la urgencia de establecer una pena especial para este tipo de agresiones, pues mientras que por ahora ocurren en el marco de una contingencia sanitaria, “mañana pueden presentarse durante un desastre natural”.

Para tales efectos propuso adicionar el artículo 140 Bis al Código Penal Federal, para imponer una “pena de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a quien afecte la integridad física, mental o emocional del personal que labore en el Sistema Nacional de Salud o dañe sus instalaciones, sean éstas públicas o privadas, [especialmente] si es en el contexto de un desastre natural o emergencia sanitaria, con el fin de impedir o privilegiar la atención médica a las personas que así lo necesiten”.

La diputada aclaró que se trata de medida preventiva que no busca fabricar culpables, sino “proteger y dar seguridad al personal que labora en el Sistema Nacional de Salud, y fomentar el respeto recíproco entre usuarios de los servicios médicos y el personal que labora en las Instituciones de Salud públicas o privadas”.