Queremos dejar perfectamente clara nuestra postura de apoyo total a las medidas adoptadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal en su conjunto, así como con la conducción de la emergencia sanitaria, por parte del Consejo General de Salubridad y las posturas del Sub Secretario Dr. Hugo López Gatell, ante la presencia del virus SARS CoV2 causante de la enfermedad COVID19.

Estamos a favor, y promovemos la aplicación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, con el principio de Quédate en Casa de forma voluntaria, al tratarse de una estrategia inteligente y bien planificada por la máxima autoridad sanitaria del país.

Lo que no debemos permitir es la violación a los derechos humanos y la transgresión al orden constitucional, situación que ha sido reiterada por parte del gobierno estatal y que se acentuó de manera reciente, con el acuerdo del 19 de abril que impone el carácter obligatorio en Jalisco a medidas locales ante el coronavirus.

En el estado hemos sido testigos de los oídos sordos de la autoridad local hacia los exhortos tanto de representantes populares, como del propio Presidente, quien en diversas ocasiones ha llamado a la legalidad total, a evitar los actos autoritarios y la politiquería.

Es inaceptable el autoritarismo y la politización de la pandemia, por lo que decidimos emprender dos acciones centrales contundentes en defensa de los derechos constitucionales y humanos, así como las garantías individuales del pueblo de Jalisco.

En mi carácter de representante popular, como diputada federal por Jalisco, presenté un Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a hacer público un informe sobre posibles actos violatorios de los derechos humanos, por la entrada en vigor del citado acuerdo estatal.

El Punto de Acuerdo ya fue publicado este martes en la Gaceta Parlamentaria, en el cual queda en plena evidencia que el Ejecutivo Estatal se excede en sus facultades, al pretender que: “Toda persona que se encuentra en el territorio del estado de Jalisco, ya sea residente o esté en tránsito, debe cumplir obligatoriamente con el resguardo domiciliario corresponsable”.

Así mismo, he convocado a la sociedad civil, representantes populares y líderes de Morena, para hacer un frente común, con el fin de defender los derechos del pueblo de Jalisco, que ahora no sólo es vulnerable ante una pandemia, sino que además quedó a merced de los abusos por parte de las autoridades locales.

Como segunda acción, recurrimos ante la autoridad judicial, para interponer un amparo indirecto a través del cual, dejamos constancia de que las medidas estatales implican violaciones a los derechos humanos tuteados en el artículo primero constitucional, y violentan la jerarquización institucional. Buscamos que Jalisco regrese al camino de la legalidad y respeto a la Constitución.

Como un servicio a la comunidad, ponemos a disposición de la población esta herramienta de defensa. Se trata del documento de amparo de fácil llenado para el público en general, que considere que sus derechos han sido vulnerados.

El multicitado acuerdo del Ejecutivo Estatal que hemos llevado a tribunales, trastoca al orden constitucional, ya que el artículo 29 es claro al señalar que sólo el presidente tiene facultades para decretar un estado de excepción, con aprobación del Congreso la Unión.

El acuerdo estatal intenta fundamentar el uso de la fuerza pública con el artículo 328 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, sin embargo ninguna Ley Estatal ni Federal está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las medidas emitidas en el acuerdo estatal establecidas por el gobernador del estado de Jalisco contravienen el espíritu del artículo 73, fracción XVI base primera donde se reconoce al Consejo de Salubridad General y lo faculta para que las disposiciones del mismo sean de cumplimiento general para el país.

Asimismo, transgrede los artículos 14,16, y 17 de la misma Constitución, sobre los derechos fundamentales y las garantías constitucionales; y el artículo 11 respecto de la libertad de tránsito.

No es posible que la fuerza pública se dirija hacia la población.

No es aceptable que se impida el libre tránsito y con ello hasta se imposibilite la atención médica inmediata.

Lo hemos dicho en múltiples ocasiones: el uso masivo de insumos innecesarios provoca desabasto e incremento de precios; en algunos casos, como el cubrebocas resulta contraproducente para la salud, y hasta se ha prestado para caer en la tentación propagandística con la fabricación masiva con diseño y frases de promoción política.

Es una pena que la pandemia, que debería unirnos, hacernos cada vez más humanos y compasivos, esté sacando lo peor de algunos políticos estatales. Es nuestra obligación vigilar la buena aplicación de la ley, y evitar abusos.

Recordemos las máximas Juaristas que siempre defiende nuestro Presidente: nada por la fuerza, todo por la razón y la justicia. Además de “prohibido prohibir”.

Es muy preocupante tanto las decisiones como el leguaje utilizado por el gobernador de Jalisco, quien pareciera promover la discriminación al señalar de manera constante, que irá detrás de quienes presenten síntomas y sean portadores del virus, para aislarlos.

Hacemos un llamado a la población de Jalisco a defender sus derechos y a respetar de manera voluntaria, la Jornada Nacional de Sana Distancia que implica Quédate en Casa, para lograr el objetivo de aplanar la curva de contagios y evitar un colapso del Sistema de Salud para atender a pacientes COVID.

Lamentamos que las decisiones aplicadas por el gobierno de Jalisco generen confusión y división entre la sociedad, lancen señales triunfalistas confusas y a veces hasta provoquen pánico.

Sólo unidos, compasivos y humanos, podremos afrontar con éxito los retos que nos plantea esta pandemia. #DefiendeTusDerechos

29 de abril de 2020