El próximo miércoles 29 de julio de 2020 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre el Proyecto de Resolución del Ministro González Alcántara Carrancá sobre Amparo en Revisión 636/2019. Este amparo presentado por Justicia, Derechos Humanos y Género, AC., con la representación del conjunto de organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano Nacional sobre Feminicidio (OCNF) resuelve que es obligación del poder legislativo local modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz por ser discriminatorios y/o constitutivos de violencia contra la mujer, con fundamento exclusivo en un imperativo convencional, al amparo de la CEDAW y de la Convención Belem Do Pará.

La resolución al Amparo en Revisión 636/2019 reconoce que la legislación penal actual en materia de aborto es violatoria de los derechos humanos de las mujeres y que ésta implica discriminación y violencia contra las mujeres. Al respecto, el Proyecto menciona que el artículo 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz, configuran una prohibición total de la interrupción del embarazo –vía tipificación penal- lo que implica una barrera discriminatoria al acceso a la salud en condiciones de igualdad.

Además de que esta medida atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de la mujer y su derecho a la vida privada, donde la maternidad no debe ser un plan de vida impuesto, pues representa una intromisión indebida por parte del Estado en una esfera vedada al escrutinio público. De esta manera, la penalización del aborto, es un tipo penal que solo recae en las mujeres por sus condiciones físicas y biológicas, y la sanción funge como un obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros, que les permitan alcanzar el bienestar físico, mental, emocional y social, apreciado con perspectiva de género.

Además de su relevancia para dar respuesta a la omisión legislativa en que incurrió el Congreso de Veracruz al no haber modificado el marco penal en materia de aborto como parte de su obligación de dar cumplimiento sin dilación, a las recomendaciones que se hicieron a las autoridades locales cuando se decretó la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres por Agravio Comparado en Veracruz, el proyecto reconoce a este mecanismo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vía la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado, como un mecanismo para hacer del conocimiento público los posibles incumplimientos del Estado mexicano y sus entidades con los compromisos convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos.

No obstante lo anterior, solicitamos respetuosamente a la SCJN, fortalecer el marco normativo y de interpretación del sistema internacional de derechos humanos, reafirmando con toda claridad y sin dejar lugar a dudas sobre el carácter vinculatorio, del bloque de constitucionalidad, los instrumentos internacionales junto con sus recomendaciones generales y observaciones. Que no quede la menor duda sobre la obligación que tiene el Estado mexicano en dar de cabal cumplimiento a todos los derechos humanos de las personas, particularmente a los derechos de las mujeres.

También solicitamos a la SCJN, eliminar de su proyecto, conclusiones que pueden introducir incertidumbre en relación con la utilidad y el sentido del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Se requiere de un análisis de mayor profundidad del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado. Sobre todo si, como este proyecto de sentencia lo observa, es un mecanismo que demuestra su utilidad al advertir sobre las normas discriminatorias que persisten en el marco legal de la mayoría de las entidades federativas, sobre todo en materia de acceso al aborto legal y seguro.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo de legisladoras federales que suscribimos este pronunciamiento extendemos un reconocimiento al Ministro González Alcántara y a su ponencia. Hacemos un llamado a los y las honorables integrantes de la Primera Sala de la SCJN a acompañar con su voto este proyecto. Las y los ministros de la Primera Sala tienen hoy la posibilidad de aprobar una sentencia que sentará un precedente de primer orden en materia de aborto, que podría garantizar el derecho a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes, los derechos reproductivos y la Interrupción Legal del Embarazo. Un paso más para avanzar hacia una igualdad transformadora, donde la diferencia sexual en el terreno reproductivo no implique discriminación ni violencia de género. Es cuanto.

LEGISLADORAS FIRMANTES

Martha Tagle Martínez

Guadalupe Almaguer Pardo

Sandra Paola González Castañeda

Silvia Lorena Villavicencio Ayala

Wendy Briceño Zuloaga

Verónica Juárez Piña