• Como consecuencia de un aumento de delitos, se debe ponderar si el marco regulatorio se encuentra acorde a las necesidades actuales, sostuvo.

La diputada Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa en la que propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, a fin de reforzar las medidas para combatir la inseguridad.

Desde tribuna, la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, explicó que esta iniciativa consiste en trasladar facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, con la intención de reforzar las medidas para combatir la inseguridad y que actualmente son llevadas a cabo en las instituciones de las zonas marítimas del país.

En ese sentido, sostuvo que, como consecuencia de un aumento de delitos, se debe ponderar si el marco regulatorio se encuentra acorde a las necesidades actuales, por lo que se propone dotar de elementos formales, materiales, una de las dependencias federales que son pieza clave del sector, “ello reanudará un sano desenvolvimiento en todos aquellos que participen en el ámbito competencial”, expresó.

La iniciativa propone reasignar potestades que de origen formaban parte del catálogo facultativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, que ahora, serán parte de la Secretaría de Marina como entidad competente.

Asimismo, señaló que la modificación de los cuerpos normativos en materia marítima y portuaria deberá ser acordes a la nueva autoridad que ejerza su potestad, por lo que se propone reformar la Ley de Navegación y la Ley de Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, para que sean acordes a las atribuciones conferidas.

Añadió que ese traslado de facultades obedece al propósito de que esta última dependencia ejerza plena transparencia y responsablemente la Autoridad Marítima Nacional, debido a que cuenta con los elementos intrínsecos y materiales para atender las necesidades y objetivos en materia, para que lo que bien, en el mecanismo a lo largo que se pretende esta iniciativa.

En este caso, se atiende la naturaleza administrativa que revistan ambas dependencias federales y no implica la transversión alguna en el artículo 129 constitucional, pues “se trató de una nueva distribución de competencias sin vulnerar los derechos y garanticas consagradas en nuestra Carta Magna”, expresó.

Guerra Mena apuntó que al permitir el cambio en el mecanismo que rige la administración pública federal para lograr una mejor adecuación en las facultades que rigen a cada secretaría de Estado, este Congreso cumple con la importante responsabilidad que se traduce en el fortalecimiento de las instituciones.