DIPUTADO JOSÉ RICARDO DELSOL ESTRADA (JRDE). Buenos tardes, medios de comunicación, a todo el auditorio que nos acompaña y compañeros.

Para comentarles que hoy estamos presentando un proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

Hoy, después de recorrer varios estados de la República, recogiendo el sentir de constructores y empresarios de la construcción, hemos llegado a la conclusión que es urgente esta reforma para generar las herramientas para que haya una mejor transparencia en la obra pública.

Le dejo el espacio a mi compañero para presentarles los motivos de dicha iniciativa.

DIPUTADO ALFREDO VÁZQUEZ VÁZQUEZ (AVV). Muy buenos días.

Dentro de las facultades y atribuciones conferidas a los artículos 71 fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sexta, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, hago dicha presentación.

El motivo de esta reforma es puntualizar lo siguiente:

Uno de los rubros de la producción nacional más importante es, sin duda, la que genera la inversión pública y privada referente a la construcción en la infraestructura necesaria en todo nuestro territorio nacional.

La importancia de esta rama de producción nacional se observa con nitidez en que ha representado, en época de inversión sustantiva, más de 10 por ciento del producto interno bruto.

En los últimos años la inversión de esta industria ha sostenido una tendencia a la baja, agravando el desplome de la economía nacional.

La industria de la construcción es uno de los factores de la producción más sensible en lo que representa el crecimiento de nuestra economía, como también lo es cunado se encuentra deprimida su inversión, generando un natural decrecimiento.

La razón en la movilidad a la baja o al alza de esta fuerza productiva en nuestro país, es múltiple; tiene una incidencia en la generación de empleo en el territorio nacional de más del 10 por ciento del total que se ocupa y pone en movimiento a más de 66 ramas de la producción instaladas en nuestro país.

Por ello, cuando se emplean recursos importantes de esta rama de la producción nacional, se deja sentir sus efectos positivos en el crecimiento de nuestra economía.

En una práctica de corrupción que por décadas ha echado raíz profunda en todo lo referente al manejo de las importantes en la obra pública, que es el Estado mexicano, ha enfrentado y enfrenta uno de los obstáculos o retos más importantes a resolver en su combate frontal al flagelo que ha minado a todas las instituciones de la vida pública de nuestro país.

En estas prácticas de corruptelas profundas que existen en nuestro país, en todo lo referente a la aplicación de los recursos públicos en materia de obras, ha ahuyentado a toda posibilidad de que pueda existir la mínima manifestación de una conducta ética en el manejo de este estratégico rubro del quehacer público.

De manera cínica, la ética política sólo es usada de manera enunciativa en los diversos retóricos en el combate a la corrupción en el tiempo que ha profundizado los criterios legales o no, para seguir repartiéndose entre un grupito muy reducido de contratistas con jugosos contratos, con todas las dependencias públicas de los tres niveles de gobierno.

Para continuar con lo mismo, cedo la palabra a mi compañero, diputado Delsol.

JRDE. El jugoso negocio de la obra pública está en los costos unitarios con que son aprobados los concursos ganadores.

Los llamados moches, los cuales fueron muy comunes en las épocas anteriores cuando gobernaba el PRI y el PAN, salen de esos sobrecostos y la realidad que se nos muestra es que existen contratos de obra que son triplicados en sus costos reales, práctica, que dijo, debe ser desterrada para ir de acuerdo y acorde a esta Cuarta Transformación.

Con esto planteamos la creación de una Comisión Nacional de Costos Unitarios para la Obra Pública, la cual deberá ser propuesta por el jefe del Ejecutivo Federal y será aprobada por la Cámara de Diputados federales y además deberá contar con tres integrantes con un perfil de gente honorable, obviamente, en su desempeño profesional, como técnicos en la materia, para cada zona del territorio nacional: la zona centro, la norte y la sur.

De estos, serán los responsables de la elaboración de los análisis de costos unitarios que regirán en todos los concursos que el gobierno convoque a las modalidades que la ley prevé.

La iniciativa señala que el criterio técnico para determinar cuál costo, de cualquier obra, será el más conveniente para los intereses de la hacienda pública, será aquel que garantice la calidad de los trabajos, la utilidad justa para el contratista y constructores, de acuerdo con las variables del mercado nacional o internacional.

Dependiendo el tipo de concurso de que se trate, la propuesta por la que el Estado mexicano deberá optar será aquella en la que dentro de un margen en el costo del catálogo de precios unitarios presupuestados, se determine aquella que sea la más económica y solvente.

Por lo que, del método que se convoque en cada concurso, esta propuesta económica será una de las más importantes en la decisión final para asignación de la obra.

En la actualidad, la Ley de Obra Pública deja en total discrecionalidad a los funcionarios públicos la partición de las obras en la modalidad de asignación directa y la invitación restringida. Ahí es donde se han dado múltiples, mejor conocido, como moches.

Por lo que la ausencia de la ética política de los servidores públicos y actores de la iniciativa privada han propiciado que los contratos sean asignados de manera, a veces, muy descarada, violando la normativa legal, obviamente, al torcerla.

La ley en la materia de obra pública debe establecer, con total nitidez, la obligatoriedad del Estado mexicano, en el fortalecimiento de la industria de la construcción instalada en nuestro país.

Cabe resaltar que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene muy clara la realidad existente en este rubro, por ello su gobierno ha puesto mucho énfasis en apoyar a los PyMEs, instaladas en nuestro país por razones de elemental justicia y como una de sus características principales en su conducta humanista.

En este tenor la iniciativa indica que el Estado mexicano deberá tener un padrón nacional de contratistas, depurado, en el que no haya testaferros como actualmente los existen, de ningún funcionario, los cuales abundan, ni de personeros de la iniciativa privada.

A su vez, estas obras, el Estado mexicano, por ministerio de ley, deberá garantizar su distribución entre todas las empresas PyMEs que se encuentran registradas en el padrón nacional de contratistas.

Por su atención muchas gracias y cualquier duda o pregunta estamos a sus órdenes.

Bueno, nada más quiero hacer un comentario. Hoy sale una nota el periódico el Deforma, perdón en el Reforma, en donde dice que en esta 4T se han incrementado las licitaciones sin concurso.

Para hacer historia, la Ley de Obra Pública data desde el año 2000, en la cual fue hecha a la medida, en aquel entonces, para propiciar que los funcionarios utilizaran esta herramienta para dispersar el recurso de la obra pública en unos cuantos y sobre todo en testaferros y prestanombres.

¿Qué es lo que pretendemos hacer con esta Ley de Obra Pública? Precisamente, darle las herramientas para que cumplan con la transparencia y la legalidad que, obviamente, de aquí del Congreso tiene que nacer y generarse esa herramienta para que se lleve a cabo una sana repartición de recurso público.

Entonces, creemos que esta obra pública viene a evitar esas designaciones directas y a darle la transparencia que tanto necesita esta Cuarta Transformación, siendo coherente y también siendo consistente con la propuesta del Presidente, en hacer las cosas apegadas a derecho y justicia.

Por su atención muchas gracias.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=-EdN9H8EjJU