· Es nuestro deber como Poder Legislativo dotar de elementos que permitan contribuir en la política criminal: Martha Ramírez

· No se debe soslayarse el atentar en contra de personas menores de edad, adultos mayores y con discapacidad: Claudia López.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, con 382 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, para agravar las penas para los casos donde las víctimas de extorsión sean personas menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

Asimismo, se considera que en la misma proporción debe agravarse la sanción cuando la conducta delictiva sea cometida por un familiar, hasta en el cuarto grado de parentesco, o cualquier persona con relación laboral, toda vez que la existencia de un conocimiento previo entre el sujeto activo y la víctima, o un vínculo de confianza, disminuyen la adopción de medidas de precaución o alerta.

Legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, comprometidos con la seguridad de la población mexicana, acompañaron la propuesta legislativa ya que desde la Cuarta Transformación se busca cambiar la realidad nacional, teniendo como unos de sus objetivos que las mexicanas y mexicanos vivan en un país seguro, tranquilo y con bienestar.

La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero manifestó que la extorsión es uno de los delitos que más han aumentado en el país en los últimos años, donde según datos del Centro Nacional de Información, este delito es el segundo más recurrente en México, y entre enero de 2019 y febrero de 2020 se denunciaron alrededor de 111 mil casos.

“Este tipo de delito ha afectado de manera sistemática a la economía y la tranquilidad de las familias. La delincuencia organizada participa de manera cada vez más frecuente en este tipo de delitos, afectando de forma significativa el patrimonio de familias, así como de las empresas, industrias y comercios”, indicó.

Por ello, la modificación legislativa tiene como objeto aumentar las penas en delitos de esta índole, lo que coadyuva a inhibir el aumento en el delito de extorsión, porque “es nuestro deber como Poder Legislativo dotar de elementos que permitan contribuir en la política criminal y en la incidencia de delitos, en este caso específico el delito de extorsión”.

Consideramos, agregó, que robusteciendo el tipo penal de extorsión, lograremos reducir su incidencia sancionándola con mayor rigor, principalmente en la extorsión cometida en contra de los grupos vulnerables, como es el caso de las personas menores de edad, adultas mayores y quienes padecen alguna discapacidad.

Por su parte la diputada Claudia López Rayón externó que el delito de extorsión ha venido en aumento hasta un 58 por ciento en los últimos años, donde se ha visto a familias asesinadas, desplazadas de sus ciudades, estados e incluso del país, en donde familias enteras han quedado en ruinas por causas de extorsionadores.

Además señaló que no se debe soslayarse el atentar en contra de la tranquilidad de las personas menores de edad, adultos mayores y con discapacidad, por ello se deben incrementar las sanciones a quienes cometan el delito de extorsión en contra de las personas más vulnerables.

“Las penas aumentarán también si la cuestión se hace mediante violencia física, psicológica o moral, y si en este delito participan servidores o exservidores públicos, miembros en activo o no de fuerzas policiales o armadas se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión, al igual que su inhabilitación de 1 a 10 años para desempeñar cualquier cargo o comisión”, indicó.

Finalmente la diputada Claudia López sostuvo que se debe proteger a quienes por su corta edad pueden ser ingenuos o quienes por su condición de adulto mayor o discapacidad suelen confiar en los demás.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, en materia de extorsión, al Senado de la República para sus efectos constitucionales.