DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (AAR). Con su venia, diputada presidenta. Efectivamente que estamos en un diálogo serio. En ningún momento el Grupo Parlamentario de Morena ha tomado la discusión de un paquete económico a la ligera ni considerando engaños a la población para una activación económica real.

Por eso, en esta Ley Federal de Derechos se establecen cuotas por el uso de los bienes públicos, que durante décadas fuimos testigos que ustedes hicieron una entrega indiscriminada a precios de regalo por el uso de estos bienes de la nación, y deterioraron así el medio ambiente.

La propuesta de ajustes en las tarifas por el uso del espectro radioeléctrico, minería, es una actualización a precios reales. Las empresas tendrán que hacer un ajuste a su política, ya no pueden solo sustraer ganancias a costa de la población.

Tendrán que ser más eficientes, no pueden trasladar ese impacto a la gente mientras se llevan cuantiosas ganancias a sus países de origen o a cuentas bancarias. Piso parejo para todos. Lejos quedaron esas épocas de pedirle a la población ajustarse el cinturón mientras los grandes empresarios engrosaban sus ganancias.

En el caso del uso del espacio radioeléctrico en México, se cobra por el uso de bandas por debajo de las referencias internacionales de acuerdo con una comparación del valor de estas en 14 países, representando el 34 por ciento de la media y constituyendo solo una quinta parte del promedio de las mismas.

El esquema de cobro vigente por el uso del espectro radioeléctrico en México, contempla que el 90 por ciento del valor de las bandas de frecuencias se pague a lo largo del tiempo, y el 10 por ciento restante en un pago inicial, lo que permite garantizar para el Estado un flujo constante de ingresos, así como pagos de inicio bajos para que las empresas dispongan de mayores recursos para invertir.

Algo parecido sucede con la minería. Se cobrará a las personas físicas o morales que enajenen el fruto de la extracción, aunque no sean las titulares de la actividad. Esto es con la finalidad de evitar una confusión de actividades y reportar menores ingresos.

Asimismo, se elimina la posibilidad de acreditar los pagos definitivos del derecho sobre minería contra el derecho especial. Para evitar alguna afectación a la industria minera se prevé un periodo de transición y para el siguiente ejercicio fiscal el acrecentamiento será del 50 por ciento y para 2022 ya no se podrá realizar. Menos mal que aquí sí lo reconocen.

El artículo 31, fracción IV de nuestra Constitución establece la obligación de todos y todas a contribuir al pago de servicios públicos de manera proporcional y equitativa. El sistema fiscal durante muchos años se convirtió en un entramado complejo del cual solo unos cuantos sacaron ventaja para evadir esta responsabilidad constitucional.

La Ley Federal de Derechos y en general todo el sistema tributario tendrá un ajuste para esclarecer las reglas, así nadie pagará más, pero tampoco menos. Este tipo de medidas no desalienta la inversión, da certeza de lo que deben pagar las empresas y da claridad al sistema tributario.

Las contribuciones no deben ser asunto de alquimia fiscal, sino de cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas. Ningún interés particular está expuesto aquí en la Ley de Derechos, estamos viendo por la recomposición de la economía del país y que paguemos todos lo que corresponde. Es cuanto, diputada presidenta.

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