DIPUTADA ADELA PIÑA BERNAL (APB). Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna a presentar una reserva al dictamen que presenta la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, particularmente en lo que respecta a la propuesta que ponen a nuestra consideración para modificar la fracción IX del artículo 170 de la Ley General de Educación, misma que consideramos es inviable por las siguientes razones.

Primero. El artículo 170 contiene a lo largo de sus 26 fracciones las infracciones administrativas que pueden cometer quienes prestan servicios educativos.

Actualmente, la fracción IX de este artículo considera como una infracción, y cito: efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos, o que menoscaben su dignidad.

Con la modificación propuesta a la mencionada fracción, se estaría considerando como una infracción, cito: efectuar cualquier acto, actividad o tipo de violencia que ponga en riesgo su salud, integridad, seguridad de los educandos, o que menoscaben su dignidad.

Es decir, se propone que el ejercicio de cualquier tipo de violencia en centros escolares particulares se considere como una infracción, cuando creo que todos coincidimos que el ejercicio de la violencia contra un educando, no puede ser tratado o considerado como una simple infracción administrativa.

En relación con lo anterior, la propia Ley General de Educación dispone, en la fracción VII del artículo 74, que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia deberán, cito también: hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes, para el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales. Cierro cita.

En este sentido, queda claro que, ante el ejercicio de cualquier tipo de violencia cometida contra algún educando en cualquier centro educativo, público o privado, se debe de inmediato dar vista a las autoridades competentes, entiéndase el Ministerio Público.

Si partimos de que el ejercicio de cualquier tipo de violencia contra un menor de edad en cualquier ámbito, incluido el escolar, es un delito y no una simple infracción.

Por último, quiero señalar que la fracción contemplada, que la infracción –perdón– contemplada en la fracción IX del artículo 170 de la Ley General de Educación, tiene por sanción la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios.

Sabemos que con la suspensión de clases y la crisis económica derivada por la pandemia en la que estamos en este momento, muchas escuelas particulares han cerrado y otras están al borde hacerlo. Si procede la modificación que se propone, las escuelas particulares se pueden ver afectadas de manera injusta.

Pongo un ejemplo, supongamos que un alumno es violentado por un docente o por cualquier empleado, en este caso, y conforme a la modificación propuesta al centro educativo, le estaría siendo revocada su autorización o retirado su reconocimiento de validez oficial de estudios con el consecuente cierre, afectando a toda una comunidad escolar, cuando en este caso el docente o quien fuera el empleado, es quien debería de ser despedido y denunciado ante el Ministerio Público por su acción.

Por lo anterior, y toda vez que las acciones para prevenir y atender la violencia de cualquier tipo en el ámbito escolar se encuentran ya previstas en la Ley General de Educación, no es necesaria la modificación que sobre este ordenamiento se pone a nuestra consideración. Es cuanto. Gracias.

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https://youtu.be/R4kF-l7GvLA