El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar se refirió a la iniciativa que pretende regular la subcontratación laboral y destacó la necesidad de que las y los legisladores la aprueben.

Respecto al tema, afirmó que la subcontratación laboral en nuestro país ha llegado a niveles intolerables, pues actualmente alcanza a cerca de 8 millones de personas y ha perjudicado severamente la seguridad social no sólo por el incumplimiento en el pago de más de 20 mil millones de pesos de las cuotas obrero- patronales; sino porque ha dejado sin atención y derecho a la salud a millones de familias.

En ese sentido destacó que el incumplimiento con la aportación a los fondos de vivienda deja en el desamparo a un gran segmento de la población que no cuenta con acceso a un patrimonio en materia de vivienda de calidad.

La situación se agudiza por el golpe tan severo que significa para las finanzas nacionales la evasión de IVA y del Impuesto sobre la renta, pues se debilita la acción del gobierno para desplegar con mayor fuerza programas de inversión en infraestructura y el Estado deja de percibir más de 500 mil millones de pesos por todos aquellos que hacen de la subcontratación un ejercicio ilegal y abusivo.

“El fenómeno de la subcontratación generalmente está vinculado a la facturación falsa. Muchos de los emporios de la subcontratación son los mismos que han sido localizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas fachadas dedicadas la facturación y a la acumulación de grandes fortunas al amparo de la ilegalidad”, afirmó.

También añadió que la resistencia a la regulación de la subcontratación de personal sólo viene de un grupo pequeño de empresarios, pues la gran mayoría comparte la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores, fortalecer la seguridad social y evitar los delitos de evasión y defraudación fiscal.

Por lo anterior, hizo un llamado a las y los legisladores para actuar sin ningún temor y establecer la figura de Prestación de Servicios Especializados debidamente autorizados por la Secretaría del Trabajo, pues dicha figura permitirá mantener la flexibilidad en la contratación, además de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.

"Debemos actuar con celeridad pues resulta inaceptable que muchas empresas no enteren el IVA, mientras las empresas contratantes si acreditan el impuesto en detrimento de las finanzas públicas. Es enteramente falso que esta iniciativa provocará mayor desempleo, informalidad y costos para las empresas. Lo que se va a lograr es terminar con el empleo precario y sin derechos”, añadió.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que con la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de subcontratación laboral, buscando en todo momento proteger los derechos de las y los trabajadores y evitar el daño que esta práctica ocasiona a las finanzas públicas de nuestro país.

Cabe mencionar que la Iniciativa presentada busca fijar las reglas y requisitos para que las empresas contraten servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, como son la formalización de un contrato en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar y el número de trabajadores que participarán para darle cumplimiento.

Además, se establece que para prestar dichos servicios se debe contar con una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la que se acredite el carácter especializado de los servicios que se otorgan. La necesidad de que el registro se tenga que hacer cada 3 años y la inscripción a un padrón único permitirá tener un control y un orden en el mercado de la prestación de servicios especializados.

Además, las nuevas disposiciones implican mayores multas por incumplimiento. Son multas que van a inhibir el abuso y la operación fuera de la regulación. Los montos que van de 2000 a 50000 veces la UMA y la pena de cárcel por el delito de defraudación fiscal ayudarán a erradicar años de abuso y de saqueo al erario público y a las instituciones de salud.

Finalmente, Ramírez Cuéllar puntualizó que la Iniciativa no atenta contra el empleo, por el contrario, busca regular esta figura que se ha prestado para lesionar los derechos de los trabajadores, en perjuicio del fisco y de la seguridad social.