· Los funcionarios públicos deben garantizar el respeto a la dignidad de las personas fallecidas, subrayó.

La diputada Beatriz Rojas Martínez presentó una iniciativa en la que se adiciona una fracción al artículo 225 del Código Penal Federal con el propósito de establecer sanciones aplicables a servidores públicos que, de manera indebida, revelen o difundan imágenes o información de una escena del delito o una carpeta de investigación en trámite que conlleve a la divulgación de detalles que por la delicadeza del delito solo deba conocer el Ministerio Público

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que, siendo un deber de máxima ética de la persona servidora pública desempeñar su función con imparcialidad, honradez y buscando respetar el derecho humano del gobernado a la buena administración, “es moralmente imputable y socialmente dañino que una persona facultada para procurar justicia sea quien revele o exhiba actos de violencia mediante imágenes, videos u otros medios”.

Indicó que, para nuestra sociedad todo ser humano es la encarnación de un valor intrínseco que debe ser honrado aun después de la muerte, “por lo tanto, es mi obligación como legisladora el garantizar que los funcionarios públicos observen el estricto apego a la normatividad y respeto a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas u ofendidos de un delito”.

Rojas Martínez expuso que en todo el país son recurrentes las publicaciones en los medios de comunicación impresos y digitales, las imágenes explicitas de asesinatos y en específico del cuerpo de las mujeres víctimas de feminicidio; situación que contribuye a la normalización de la violencia contra las mujeres.

También explicó que el caso de Ingrid Escamilla que fue víctima de feminicidio a manos de su pareja y diversos medios de comunicación y usuarios de redes sociales difundieron imágenes explicitas del crimen, infiere que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México habría filtrado esa información.

“La difusión masiva de estas imágenes, así como de detalles del crimen, causó repudio entre miles de ciudadanas y ciudadanos, pues intensifica el dolor de familiares de la víctima y de las familias innumerables víctimas de feminicidio en México”, expresó.

Apuntó que, ante este hecho, la Secretaría de Gobernación, demandó a todas las autoridades federales, estatales y municipales del país, en especial a las que tienen a su cargo los temas de seguridad pública y de procuración de justicia, garantizar que “nunca más se vuelvan a filtrar ilegalmente imágenes de las víctimas en este tipo de hechos”.

La diputada recordó que, en este tema específico, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), actualizó sus recomendaciones de 2012 en 2018 y reiteró su recomendación al Estado mexicano para que investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria.

Manifestó que esta Legislatura está preocupada por que los funcionarios públicos inmersos en las distintas funciones del área de impartición de justicias de nuestro país, garanticen en todo momento el respeto a la dignidad de las personas fallecidas sin vulnerar sus prerrogativas fundamentales y la de sus familiares, estableciendo la necesidad de implementar protocolos y normas de actuación unificadas en todo el país de acuerdo a estándares internacionales.

Lo anterior, “para el cuidado, preservación y manejo de escenas del crimen, así como para vigilar su cumplimiento y las sanciones a las que se hagan acreedores quienes infrinjan las disposiciones filtrando información que no debe ser dada a conocer a la comunidad en general, sabedores de los avances tecnólogos con los que cuenta la sociedad y que estos mismos pueden hacer uso para divulgar información delicada”.

La propuesta señala que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos al que indebidamente difunda, publique, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, reproduzca, comercialice, o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, relacionados con el procedimiento penal que la ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización.

Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las penas previstas en el artículo se incrementarán hasta en una mitad.