DIPUTADO PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PGA). Gracias, senadora.

Quiero presentar una iniciativa que se refiera a uno de los temas más discutidos en materia de derechos y prerrogativas de los ciudadanos en los últimos años.

Desde hace tiempo, en nuestro país se discute la condición excepcional que tienen las personas que están sometidas a un proceso penal. La Constitución en este momento convierte ese proceso penal en el momento de aplicar una sanción que es la suspensión de los derechos y prerrogativas de ciudadano.

Esto contradice varios principios y varios derechos humanos que están en la Constitución y también en las convenciones internacionales de las que México es parte.

En primerísimo lugar, el (inaudible) tiene derecho a un juicio; aquí se aplica ya una sanción antes del juicio, no es una medida de seguridad, no es una medida de esa naturaleza, sino ya es una sanción que es la suspensión de derechos y prerrogativas del ciudadano o ciudadana.

Pero también la idea y la presunción de inocencia ya se da por culpable del delito que se le está acusando puesto que lo está conectando con la suspensión, que es, digamos, una sanción en conectividad con la comisión de un delito cualquiera.

En estas condiciones, les queremos proponer que ya demos por terminada esta discusión a una serie de resoluciones judiciales que han hablado de esto, también la manera que cómo organismos electorales han estado interpretando la propia Constitución de manera integral y reconociendo los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Creo que en nuestro país, la armonía que debe prevalecer en el sistema de Derechos, es interrumpida actualmente por una disposición caduca, rezagada a lo largo de las distintas etapas de evolución del sistema de los derechos.

Es la disposición contenida en el artículo 38, fracción II de la propia Constitución, que dice:Artículo 38: Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden.

Segunda Fracción…

“por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, -que ahora señala vinculación a proceso-“.

Por esa razón, creemos que ya no debemos seguir postergando lo que varios legisladores en distintos momentos han venido planteando pero sin ninguna repercusión.

Yo he sido uno de ellos, pero estoy consciente de que muchos diputados y senadores han planteado la derogación de este precepto.

Por este motivo y para concluir un ciclo de debate en relación con esto, y afianzar el curso que le damos al ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas del ciudadano, se propone simple y sencillamente la derogación del precepto.

Y además la derogación en un transitorio, de todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del decreto derogatorio de la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución.

Por su atención, muchas gracias.

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