·         La reforma tendrá un impacto positivo en las familias de pescadores y acuicultores, en la seguridad alimentaria en el país y la atracción de desarrollo regional y nacional, afirmó Eulalio Juan Ríos Fararoni

Con 461 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, la Asamblea de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia otorgamiento de sustitución de permisos de pesca comercial.

El diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que actualmente en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable existe una prohibición sobre la sustición de derechos de permisos de pesca, con la excepción de que exista un fallecimetno por parte de un permisionario, lo cual propicia el estancamiento para el sector pesquero e incertidumbre para la inversión de capitales en esta actividad.

De esta situación, continuó, existe antinomia entre la ley y el reglamento respecto a la figura jurídica de la sustitución del título de permisos de pesca comercial.

Además, agregó, la ley permite única y exclusivamente la sustitución en caso de fallecimiento, señalando que no podrán ser transferidos a terceros, de ahí la necesidad de facilitar las gestiones de los productores pesqueros ante la autoridad competente.

Comentó que esta medida permitirá la sustitución de los derechos de permisos de pesca comercial, acuacultura comercial, acuacultura de fomento y acuacultura didáctica, a solicitud de sus titulares y bajo la autorización de la SADER “y con ello coadyuvar a no generar una parálisis pesquera ante la falta de regulación legal adecuada”.

“En la práctica actual existen casos en los que se efectúa la sustitución de titulares de permisos de pesca comercial conforme al reglamento de la Ley de Pesca, por ello es pertinente elevar a rango de ley la posibilidad para que una persona física o moral pueda transmitir a través de una sustitución de derecho de permisos a efecto de dotar certidumbre y seguridad jurídica y legal al sector pesquero”, comentó.

Aseguró que la correcta aplicación de lo que establece el proyecto de decreto, tendrá un impacto positivo en las familias de pescadores y acuicultores, en la seguridad alimentaria en el país y la atracción de desarrollo regional y nacional basado en condiciones de sustentabilidad.