DIPUTADA SANDRA PAOLA GONZÁLEZ CASTAÑEDA  (SPGC): Gracias, presidenta. Con su venia. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Vengo a presentarles esta iniciativa con proyecto de decreto al artículo 1o. constitucional, en el tema de derechos humanos.

En el año 2011 tuvimos una reforma muy importante al artículo 1o., en donde por primera vez se ponía en la Constitución la eliminación de la violencia por razón de preferencias sexuales. Sin embargo, a 10 años de esa reforma, la cual trajo grandes reformas a leyes secundarias y nos dio un panorama muy significativo para el ejercicio de los derechos plenos de las personas de la diversidad sexual, a 10 años de esa modificación hoy resulta insuficiente este concepto de preferencias sexuales, y lo que hoy vengo a proponerles, en esta modificación, es que cambiemos este concepto por el concepto de orientación e identidad sexual.

No porque sea un tema de modernidad, no es porque sea un tema de que cambió la época, sino porque es un tema que con el concepto de preferencias sexuales no damos una armonización completa al ejercicio pleno de los derechos de las personas, en especial de las personas de la diversidad sexual.

Con este concepto de orientación e identidad sexual en donde quede prohibida la discriminación en razón de la orientación e identidad de sexo de las personas, abrimos un abanico de posibilidades para que puedan ejercer los derechos completamente y plenamente las personas de la diversidad.

Hablar de igualdad y de equidad nos enfrenta, sin lugar a duda, a una dicotomía dogmática, según la cual exige del tejido normativo claros elementos interpretativos por parte de los legisladores, con el afán de que el contenido esencial de los derechos fundamentales encuentre asidero conforme a los nuevos tiempos que corren en la implementación de modernas fórmulas legislativas que permiten el libre desarrollo de la personalidad, tal como lo señala el maestro Norberto Bobbio.

No obstante, la violación sistémica a los derechos humanos, la cual se ha instaurado permanentemente, en las últimas décadas en nuestro país, nos hace suponer que la reflexión constitucional, llevada a un garantismo legislativo de forma genérica, es claramente insuficiente.

Y es insuficiente, puesto que el juez que aplica el control convencional, según señala el artículo 133, en el denominado bloque constitucional, en muchas ocasiones no encuentra eco a la interpretación jurisprudencial que establece con el ánimo de armonizar los criterios emanados en sus razonamientos.

Por tanto, en nuestro sistema jurídico, la actividad legislativa que coadyuve a la consolidación de estos procesos internacionales de control difuso requiere necesariamente de la acción decidida del cuerpo legislativo para alcanzar los objetivos antes planteados.

En aras de conquistar y hacer efectiva la tutela del derecho humano a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad, inherentes e inequívocamente desarrollado su análisis y ámbito de la aplicación de la trasversalidad y multidisciplinariedad de los principios, normas y diversas legislaciones generales, orgánicas y secundarias, para la correcta creación normativa, ejecución política, aplicación e interpretación jurisdiccional por parte de los Poderes del Estado.

En mi calidad como integrante de la representación soberana, defiendo las tesis que esta Legislatura de la Paridad de Género vale por el estricto apego a los cánones constitucionales, sus principios y su ámbito material y espacial de validez, a fin de alcanzar la justicia constitucional en nuestro país.

Por lo tanto, propongo que el artículo 1o. constitucional quede de la siguiente manera: Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto, del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el párrafo quinto, del artículo 1o. de la Constitución, para quedar como sigue:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, la orientación e identidad sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Esta es la propuesta de mi iniciativa, la cual las y los invito a suscribirla, ya que esta lucha no es una lucha de nosotros los legisladores y legisladoras, es una lucha de todas las personas de la diversidad sexual que tienen por años haciendo y luchando por sus derechos, como si los derechos fueran diferentes, como si los derechos se tuvieran que regatear.

Esta lucha ha costado vidas, ha costado que muchas personas se tengan que ir de nuestro país, para poder ejercer su sexualidad libremente, lo cual es un absurdo.

Los legisladores y las legisladoras tenemos toda la obligación de proteger y defender todos los derechos, de todas las personas. El Estado mexicano es el garante del ejercicio pleno de los derechos de las personas, de todas las personas. Y no puede haber personas con más o menos derechos.

Consideramos fundamentalmente establecer estos conceptos en la Constitución. Es importante que podamos reconocer que mucho de lo que se piensa y en la manera en la que se actúa, obedece a prejuicios construidos históricamente y no en aras de proteger a todos y todas y de dotar de los derechos correspondientes. Es cuanto, presidenta.

Invito a todos mis compañeros y compañeras a suscribir esta iniciativa en materia de derechos humanos. Gracias.