DIPUTADO JAIME HUMBERTO PÉREZ BERNABE (JHPB). Con la venia de la Presidencia, ciudadanas y ciudadanos que siguen esta importante sesión a través de los diversos medios de comunicación, diputadas y diputados, a nombre de quienes integramos la Comisión de Gobernación y Población, quisiera exponer ante ustedes el dictamen que en estos momentos está a su consideración, y que tiene por objeto cambiar por necesidad de actualización y claridad la nomenclatura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para quedar como Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin modificar, aumentar o eliminar cualquiera de las atribuciones, facultades y obligaciones que actualmente tiene conferido dicho ente público.

En este sentido, el artículo 90 constitucional dispone que la administración pública federal será centralizada y paraestatal. Y funda la facultad de crear y modificar las dependencias y entidades que la conforman, incluyendo la libertad de definir la nomenclatura que dichos entes tendrá, misma que deberá guardar estrecha relación con las funciones que ejerce.

Entonces, esta Secretaría, que figurada y literalmente ha construido a México, es un agente esencial en el desarrollo nacional y figura como una de las más antiguas dependencias que con diversos cambios en su nomenclatura se ha mantenido vigente, lo que da cuenta de su carácter altamente estratégico.

De hecho, tiene la edad misma que nuestro México independiente, pues su primer antecedente lo encontramos en la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, creada el 8 de noviembre de 1821.

Esta dependencia, que cuando fuera la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tuvo su sede en uno de los edificios históricos más hermosos de nuestra nación: el museo, el lugar que hoy alberga el Museo Nacional de Arte, el Munal. Es uno de los brazos instrumentadores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, particularmente en lo tocante a impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, fomentando la creación de empleo mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura.

En ese sentido, si bien es cierto que lo que hace a efectos jurídicos la propuesta se limita al cambio de denominación y no representa un impacto dentro de los sectores económicos, administrativos de la administración pública federal, su justificación se sostiene en la necesidad de que la administración cuente con una estructura orgánica y operativa alineada a los objetivos y estrategias que le determinan las leyes.

Dicho en las palabras de su promovente de la iniciativa, el ciudadano presidente de la República, resulta adecuado modificar la denominación actual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a fin de que desde su propio nombre se identifique los tres rubros principales de su competencia, dada la relevancia histórica que los mismos implican en el quehacer público.

Cabe señalar que históricamente la administración pública federal ha sufrido modificaciones en cuanto a su conformación, estructura, organización, presupuesto, recursos humanos y materiales, mismas que han pretendido responder a la visión y necesidades vigentes.

Es entonces a partir de la adecuación de la estructura orgánica de la administración pública federal, incluyendo como es este caso, la mera denominación de un ente público que se motiva a sus áreas, dependencias, organismos y estructuras a rendir resultados visibles y concretos en el corto plazo posible.

Finalmente, teniendo presente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene asignada la responsabilidad de construir, conservar, planear, desarrollar y administrar el inventario carretero nacional, así como preservar la red de carretera federal, propiciando su modernización, seguridad y calidad, queda claro que tiene encomendada la determinación de las principales cuestiones relativas a la infraestructura nacional.

En consecuencia, la propuesta de reforma planteada se consideró procedente, pertinente y necesaria por quienes integramos la Comisión de Gobernación y Población, quienes concordamos con la denominación propuesta en la iniciativa de mérito, puesto que apareja las funciones jurídicas a la denominación de la propia secretaría. Compañeras y compañeros diputados, agradezco su atención. Es cuanto, presidenta. Gracias.

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