DIPUTADA KARLA YURITZI ALMAZÁN BURGOS (KYAB): Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, se ha dicho que esta propuesta de ley elimina la facultad de atracción que tiene la Fiscalía General de la República para conocer los delitos del fuero común, aseveración que es totalmente falsa, tendenciosa y demuestra el total desconocimiento del marco normativo que regula el sistema de procuración de justicia penal.

Quienes se oponen a este proyecto temen que la inactividad e ineficiencia de las Fiscalías locales en la investigación y persecución de los delitos quede al descubierto. Estados como Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán concentran la mayor parte de reportes de personas desaparecidas y no localizadas, de diciembre de 2018 a septiembre de 2020, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda.

Casualmente todas estas entidades están gobernadas por la oposición. Las autoridades estatales de procuración de justicia han sido ajenas al dolor y a la angustia de las familias. La ley que discutimos mantiene en el artículo 19, fracción XIX la facultad de atracción de la Fiscalía General de la República, en los términos que la Constitución y las leyes prevean, para conocer los delitos del fuero común.

La Constitución señala que la Fiscalía y las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o vulneren el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. Además, distintas normas prevén la facultad de atracción o de conocimiento por parte de la Fiscalía General de la República. Tengan por seguro que el dictamen tiene como único propósito fortalecer a una de las instituciones más importantes del país en la procuración de justicia.

Por ello, las y los legisladores de Morena votaremos a favor del presente dictamen, convencidos de que contar con un órgano eficiente y eficaz que se conduzca con plena autonomía, libre de cualquier subordinación ante un poder político, es fundamental para posibilitar el derecho de acceso a la justicia de todas y de todos. Es cuanto, señora presidenta.