·       Los combustibles fueron los que presentaron un mayor aumento de precios, en particular, el Gas LP tuvo un incremento anual de 37.1%

·       Urge un programa de emergencia que proteja a las familias más pobres.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar urgió a las y los legisladores a reunirse con los titulares de Agricultura, Energía, Hacienda, Economía y Bienestar para tomar medidas urgentes que ayuden a enfrentar la situación tan difícil que viven las familias más pobres del país a partir de los incrementos del Gas LP, la tortilla, el huevo, el frijol y el pollo.

“La Cámara de Diputados debe poner todo de su parte para que junto con el Ejecutivo nos permita atender una situación difícil dado que el aumento de precios se da en un momento en que muchas familias han padecido la pérdida de trabajo o la disminución de sus ingresos con motivo de la pandemia ocasionada por COVID-19, situación que se ve agravada por el incremento de productos básicos”, señaló.

Tanto en el mercado de Gas LP, como en el de mercado de alimentos, hay una fuerte concentración y un control oligopólico que distorsiona precios y afecta el bienestar del consumidor. Es decir, no padecemos los incrementos propios del entorno mundial, de las sequias y los bajos inventarios, también está presente el abuso y el acaparamiento de los grandes comercializadores de maíz y frijol y el control de pocos agentes en la venta de Gas LP.

Respecto al incremento de precios reportado por el INEGI para la primera quincena de abril del 2021, el diputado federal apuntó que las familias pobres se han visto obligadas a destinar un mayor porcentaje de sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas, especialmente a partir de las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia por COVID-19.

Los recursos que las familias más pobres destinan para la compra de Gas LP y alimentos, deja descubiertas otras necesidades que crecieron a partir del confinamiento y la disminución de sus ingresos.

Por ello, resulta indispensable coordinar esfuerzos para diseñar e implementar una estrategia de apoyos alimentarios en un escenario de inflación acelerada y pobreza alimentaria.

Cabe destacar que el INEGI reportó una inflación del 6.05% anual, la más alta desde diciembre de 2017. Al interior, el índice de precios subyacente (compuesto por mercancías como alimentos, bebidas y tabaco y servicios como vivienda y educación) tuvo un incremento del 4.13% y el no subyacente (compuesto por productos agropecuarios y Energéticos y Tarifas Autorizadas por el Gobierno) un incremento de 12.21%

anual.

Todas las categorías mostraron un aumento en su comparación anual, con excepción de las frutas y verduras, con una disminución de 0.64%. Asimismo, destaca la variación en el precio de los energéticos, ya que fueron los que presentaron una mayor variación, con el 28.22%.

Así, el gas LP fue el que mostró un mayor incremento en su precio con una variación anual de 37.1%. Esto refleja ajustes por los precios en el mercado internacional, no obstante, es necesario vigilar su comportamiento y el de los agentes.

En este sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha emplazado a varias empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en acuerdos ilegales para manipular precios en prácticas anticompetitivas para repartirse el mercado de la distribución y comercialización del gas LP en México.

“Es importante detectar si los aumentos de precios se deben a variaciones internacionales o a prácticas monopólicas por parte de los agentes, son aumentos que le pegan al 76% de los hogares mexicanos que son los que utilizan este combustible por lo que es muy relevante valorar las acciones que se deben tomar en cada caso si esto continúa, ya sea apurar las acciones en materia de competencia en el mercado o en su caso, analizar la posibilidad de aplicar una regulación de precios por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de no existir condiciones de competencia”.

Ramírez Cuéllar recordó que la COFECE cuenta con análisis puntuales sobre los mercados de alimentos y bebidas, así como lo correspondiente al gas LP. De acuerdo con dicha Comisión, el incremento de precios en gas LP tiene efectos regresivos, pues las personas más pobres destinan 3.5% más de sus ingresos que las familias con mayores recursos.

Asimismo, se requiere mejorar las características del proceso de competencia y libre concurrencia en el sector agroalimentario, para incrementar el bienestar de los consumidores, dado que este tipo de productos son de primera necesidad y consumo generalizado por la población.

“Es indispensable seguir de cerca el comportamiento de la inflación y comenzar a plantear una estrategia en caso de que los aumentos continúen. Para ello, se debe analizar la conveniencia de instalar una comisión de seguimiento entre las Secretarías de Economía, Agricultura, Energía y Hacienda y la Cámara de diputados”, destacó Ramírez Cuéllar.

En este sentido, indicó que la estrategia general para proteger a la población de los aumentos en su consumo debería incluir:

Establecer, en su caso las sanciones económicas y penales por posibles prácticas monopólicas y de acaparamiento por parte de las empresas que tienen el control del estos dos mercados que son fundamentales para la sobrevivencia de las familias mexicanas.

·       Apoyos focalizados para personas en pobreza alimentaria y para los beneficiarios de los programas federales (Por ejemplo, agregar un componente alimentario en todos los subsidios monetarios que otorga el Gobierno Federal vinculado a la producción de agrícola nacional para beneficiar también a nuestros campesinos).

·       Una campaña para consumir productos locales, enfatizando a las y los productores de zonas rurales indígenas.

·       Compras públicas privilegiando el contenido nacional.

·       Asimismo, se deberá incluir en dicha estrategia a SEGALMEX para hacer una revisión de los precios internacionales y los precios de garantía. analizando la factibilidad de venta directa de maíz a la industria de la masa y la tortilla.

Finalmente, el diputado federal reiteró que los diferentes niveles de gobierno y/o el gabinete económico del gobierno federal entablen el diálogo para plantear dicha estrategia y establecer un monitoreo puntual en las variaciones de precios de ciertos productos y con ello reforzar las tareas de la PROFECO.

—oo00oo—