• Se busca contribuir a garantizar el derecho de quien tiene necesidad de una pensión alimentaria.

Ante el elevado índice de casos de incumplimiento en el pago de la pensión alimentaria en todo el país, la diputada Aleida Alavez Ruiz propondrá la creación del Registro Nacional de Deudores Morosos de Pensiones Alimentarias para que cientos de padrs “olvidadizos” cumplan con esta obligación.

La propuesta, explicó Alavez Ruiz, busca combatir de manera más frontal la morosidad en el pago de la pensión alimentaria a la que por ley tienen derecho miles de mujeres e hijos como consecuencia de un divorcio o de alguna otra situación familiar.

Este Registro Nacional será un instrumento único en el que se inscribirá a los deudores alimentarios morosos, con el propósito de que cumplan con su obligación de dar alimentos.

Entre los beneficios para los dependientes mencionó que podría constituir prueba en algún proceso penal iniciado a partir del incumplimiento; que los bienes inmuebles del moroso podrían constituirse en garantía de pago al inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y en el o los folios reales donde aparezca como propietario el deudor moroso y la cantidad adeudada y lo más importante, obtener el cumplimiento de la obligación en favor del acreedor.

La iniciativa, que presentará ante la LXV Legislatura, prevé esta figura en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; la creación de la figura del Registro Nacional; el establecimiento del procedimiento especial relacionado con su inscripción, sus alcances, plazo para que las autoridades federales y, en su caso, las locales, incorporen la información al Registro; prever qué autoridad de alcance nacional lo administraría, así como firmar convenios de colaboración entre las entidades federativas y la federación.

Lo que se busca, dijo Alavez Ruiz, es que todas las autoridades pongan atención en este problema que afecta a quienes necesitan de los alimentos, independientemente del origen de esa necesidad.

Además que las entidades federativas, dentro del marco constitucional de sus atribuciones y competencias, reformen sus Códigos Civiles para prever esta figura.

Sin embargo, y en caso de que no se reformaran dichos códigos de inmediato, prevalecería la obligación de subir la información a la plataforma del Registro Único, en cumplimiento del Código Nacional Procesal en materias civil y familiar.

Recordó que el sustento legal de esta iniciativa es la Constitución, porque en marzo de este año se aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados reformas a diversas disposiciones de la Constitución en materia de género.

Entre estas disposiciones mencionó el requisito de que los aspirantes a diputados federales, ministros de la Suprema Corte y fiscal general de la República no aparezcan en este registro.

De manera que la creación de este registro tendría, incluso, un sustento constitucional.