• El sistema penitenciario mexicano y la reinserción social son parte de una deuda pendiente para la seguridad pública nacional y para los derechos humanos, en especial en el ámbito de la contingencia sanitaria, señaló el diputado.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió un punto de acuerdo para llamar a las entidades federativas a crear secciones intersecretariales que promuevan políticas de reinserción social, a fin de amortiguar los daños colaterales en el tejido social provocados por delitos ocurridos en el contexto de la pandemia.

Para Viedma Velázquez es urgente tomar estas acciones ante la crisis de salud que padece el mundo debido a la COVID-19, especialmente México en donde no solo el país se ha visto lacerado por la pérdida de miles de vidas, sino también porque diversos delitos se han adaptado a esta contingencia.

El legislador reconoció que el sistema penitenciario mexicano, en su calidad de eje fundamental para la reinserción social de las personas privadas de la libertad, es parte de una deuda pendiente para la seguridad pública nacional y, por tanto, para los derechos humanos de las personas que hayan sido privadas de la libertad y sus familiares.

Puntualizó que la Ley Nacional de Ejecución Penal se creó con la intención de transformar el sistema penitenciario y coadyuvar en la reinserción social con apego al respeto de los derechos humanos.

Para tales efectos, el artículo 207 de este marco legal estipula que, a través de servicios post-penales, se buscará fomentar, la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, a fin de facilitar esta reinserción y promover, en la sociedad, la cultura de aceptación del liberado o externado.

Sin embargo, “el sistema penitenciario y las instituciones corresponsales no están preparadas para dar atención a las personas que egresan de las prisiones y que tienen la obligación en el marco de la ley de garantizar servicios post penales”, mientras que diversas secretarias, según solicitudes de transparencia, negaron tener responsabilidad y conocimiento de esta atribución.

Viedma Velázquez señaló que, para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 que establece que el Gobierno de México debe aplicar un nuevo paradigma en materia de paz mediante la reinserción social, es “necesaria la participación de cada una de las instituciones públicas, además de la integración de la sociedad civil en las comisiones intersecretariales”.

El diputado afirmó que estos organismos “han visibilizado las problemáticas al interior y fuera del sistema penitenciario, además de que la Ley de Amnistía necesita estar acompañada de los programas de servicios post-penales para evitar la reincidencia delictiva”.

En este sentido, el punto de acuerdo llama a los gobiernos de las entidades federativas y a sus dependencias competentes en materia de seguridad pública a, en su caso, integrar comisiones intersecretariales para realizar políticas dirigidas a la reinserción social de las personas egresadas del sistema de justicia penal.