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Cumplimos

Propone diputada Olga Elizondo destinar presupuesto federal a niñez y adolescencia en orfandad por CODIV-19

15 septiembre, 2021 - Prensa

  • En México, hay más de 141 mil niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a causa de la emergencia sanitaria.
  • La iniciativa propone una política pública que garantice los derechos de la población, sin que su implementación esté sujeta a la discrecionalidad del gobierno en turno.

La diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de que se establezca una previsión en el presupuesto de egresos federal para la atención a la niñez y la adolescencia en situación de orfandad, causada por la muerte de alguno de sus cuidadores en el contexto de la enfermedad por COVID-19.

La diputada integrante del Grupo parlamentario de MORENA propone adicionar el artículo 41, fracción II, inciso v) de la ley mencionada, enunciando que el Presupuesto de Egresos deberá considerar las previsiones de gasto que correspondan a la atención de niños, niñas y adolescentes, “incluidas aquellas dirigidas a quienes han quedado en situación de orfandad debido a la pandemia por SARS-CoV-2 o causas asociadas a ésta”.

En el artículo segundo transitorio de la iniciativa se establece que el Ejecutivo federal contará con 30 días a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar una política pública que promueva la igualdad entre niñas, niños y adolescentes, asegurando que las personas menores de edad en orfandad debito a la COVID-19 cuenten con apoyo gubernamental adicional hasta que cumplan la mayoría de edad, terminen sus estudios de educación superior o se hayan emancipado, atendiendo al principio de interés superior de la niñez.

Olga Elizondo plantea una política pública de largo plazo que asegure la protección de esta población en desventaja y la garantía de sus derechos, sin que su implementación esté sujeta a la discrecionalidad del gobierno en turno. En este sentido, en el mismo artículo transitorio agrega un segundo párrafo que dice “una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones y se ejerzan los derechos derivados de la política pública a que se refiere el párrafo anterior, perderá su vigencia, extinguiéndose en términos de las disposiciones aplicables”.

En su exposición de motivos, la legisladora tamaulipeca menciona que, de acuerdo con el artículo Global minimum estimates of children affected by COVID-19-associated orphanhood and deaths of caregivers: a modelling study (The Lancet, 20/07/2021), al 30 de abril de este año, la cifra de personas menores de 18 años en situación de orfandad en México por COVID-19, es de 141 mil 132 niñas, niños y adolescentes, de las cuales 97,951 corresponden a muertes paternas y 33 mil 342 corresponden a muertes maternas, mientras que en 32 casos se registró la muerte de ambos progenitores y 9 mil 807 casos de fallecimiento de abuelos con custodia.

La diputada federal expone que la niñez y la adolescencia en orfandad son más vulnerables en cuanto a la pobreza, la explotación en sus distintas dimensiones, así como la posibilidad de ser víctimas de violencia, por lo cual es urgente que sean atendidos por las autoridades y la sociedad.

Las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad son más propensos a padecer de algún problema de salud mental como depresión y/o ansiedad y, como consecuencia, se verá seriamente comprometida su capacidad de adaptación e inserción social, lo que incrementará los índices de suicidios. Asimismo, las y los huérfanos corren mayor riesgo de sufrir de violencia física, emocional y sexual y sus probabilidades de incurrir en la pobreza familiar aumentan de manera exponencial (…).

Finalmente, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar sus derechos a esta población, entre ellos, el bienestar y el acceso a las oportunidades de desarrollo, mediante una protección integral que incluya acciones de política pública para atención médica, psicológica, de trabajo social, vivienda y educación, con apoyos sociales específicos, focalizados y especializados.


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