Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros, el siglo XX fue el siglo del miedo. Esta frase de Albert Camus podría parecer una figura retórica, pero si se analiza la forma en la que el poder se ejercía en nuestro país durante el siglo pasado y a principios de este, nos daremos cuenta de que es completamente real.

En México no hay mayor muestra de esto que las desapariciones forzadas, práctica cotidiana del régimen anterior como instrumento de control político. Para nuestro país el siglo XX y principios del siglo XXI representan la lucha contra el miedo.

En respuesta, en voz de importantes líderes de izquierda, se comenzó a la construcción de un verdadero Estado de derecho fundado en la democracia. Las desapariciones forzadas afectan a la persona que sufre directamente, pero también a sus familiares y a su comunidad.

La característica principal de esta lacerante práctica es servir de instrumento propagador del miedo para evitar la confrontación ideológica con quienes ejercen el poder. El punto central del miedo que el régimen anterior infundía en los gobernados fue un miedo a la disidencia y a la resistencia. Es por eso, que la Organización de las Naciones Unidas lo considera un delito de lesa humanidad.

América latina fue laboratorio en el que se perfeccionó el uso de las desapariciones forzadas como instrumentos de miedo, muestra de ello son la dictadura miliar en Brasil que dejó 140 líderes políticos de izquierda desaparecidos en 1964; la represión del movimiento estudiantil de 68 y 71 en nuestro país; las innumerables desapariciones forzadas en Chile durante los 17 años de la dictadura militar; los hechos que motivaron la aparición del movimiento de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina y los desaparecidos de la Santa durante la dictadura militar de Fujimori en Perú.

Los gobiernos anteriores, pero, sobre todo, los de los últimos dos sexenios postergaron de manera sistemática la creación de instrumentos jurídicos para impedir esta cruel práctica y castigar a los responsables. Dichos instrumentos comenzaron su larga travesía en el año de 2008, cuando nuestro país ratifico la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

A partir de esta ratificación, nuestro país ha recibido tres observaciones por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, las que destacan mayormente en los documentos son la solicitud de realizar una visita a nuestro país y evaluar la problemática de las desapariciones forzadas y la recomendación para que nuestro país reconozca la competencia del comité para conocer de los casos de desapariciones forzadas ocurridas en México.

Este nuevo gobierno, trae consigo el cambio de muchos paradigmas para el ejercicio del poder. Hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas es uno de ellos. El Ejecutivo federal emitió el decreto para crear comisiones de la verdad, como la encargada del caso de Ayotzinapa y también ha promovido la aceptación de diversas recomendaciones internacionales.

El gobierno encabezado por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en octubre de 2020 reconoció la competencia del Comité CED, por sus siglas en inglés, para recibir y examinar las comunicaciones de personas que puedan estar sufriendo los efectos de las desapariciones forzadas.

En el mismo sentido, en agosto de 2021 el gobierno federal aceptó la solicitud de llevar a cabo una visita por parte del grupo de expertos que integran este comité en nuestro país. Durante la visita de este comité, se llevó a cabo una reunión con varios integrantes del Poder Legislativo, en la cual tuve el honor de participar en representación del presidente de la Cámara de Diputados.

Ahí, expresé mi interés por retomar las recomendaciones de este comité en materia legislativa para impulsar los cambios necesarios al marco jurídico vigente, las cuales motivan la presente iniciativa.

Por lo anterior, mi propuesta es modificar la Ley General de Materia de Desapariciones Forzadas, desaparición cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda, el Código de Justicia Militar y la Ley Nacional del Registro de Detención. ¿Con qué intención? Por supuesto que la de armonizar nuestro derecho vigente con lo establecido en los tratados internacionales en materia de desapariciones forzadas.

Entre los cambios propuestos en dicha iniciativa se encuentra, primero el tipificar a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad.

Segundo, especificar claramente los supuestos en los que el superior jerárquico del que cometa desaparición forzada es responsable.

Tercero, ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas, ya sea de ellos o de sus padres.

El cuarto, perfeccionar la tipificación de la desaparición forzada cometida por particulares, y así evitar la criminalización de las víctimas y sus familiares.

De igual forma, por lo que respecta a la legislación militar, se elimina la posibilidad de que los tribunales militares conozcan de asunto en la materia de desaparición forzada, a pesar de que esta sea cometida por un militar contra otro militar.

Termino, señor presidente. En lo tocante a la legislación en materia del Registro Nacional de Detenciones, se extiende el abanico de instituciones obligadas a entregar la información al respecto, a las personas que tienen bajo custodia, incluyendo aquellas de carácter privado.

Finalmente, hago votos para que este siglo XXI sea el siglo de la libertad del respeto de los derechos humanos, de la vida en democracia que durante décadas nos hemos esforzado en construir. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a todos.