• La diputada explicó que se trata de tipificar a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad; especificar los supuestos en los que un superior jerárquico es responsable del delito de desaparición, así como evitar la criminalización de las víctimas y sus familiares.
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, propuso, a través de una iniciativa de modificación, armonizar el marco legal mexicano con los tratados internacionales a los que México está suscrito, en materia de desaparición forzada.

La legisladora expresó que se trata de diversas modificaciones a la Ley General de Materia de Desapariciones Forzadas, Desaparición Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda, el Código de Justicia Militar y la Ley Nacional del Registro de Detención.

Puntualizó que se trata de tipificar a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad; especificar, con especial claridad, los supuestos en los que un superior jerárquico es responsable del delito de desaparición.

Así como ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas, ya sea de ellos o de sus padres; perfeccionar la tipificación de la desaparición forzada cometida por particulares; y evitar la criminalización de las víctimas y sus familiares.

Acotó que, por lo que respecta a la legislación en materia del Registro Nacional de Detenciones, se extiende el abanico de instituciones obligadas a entregar la información a las personas que tienen bajo custodia, incluyendo aquellas de carácter privado.

Comentó que en México las desapariciones forzadas fueron una práctica cotidiana del régimen anterior que se usaba como instrumento de control político, y que implicó la lucha cotidiana contra el miedo.

Explicó que la característica principal de la desaparición forzada es servir de instrumento propagador de miedo para evitar la confrontación ideológica con quienes ejercen el poder.

Agregó que es bajo esa idea principal que la Organización de las Naciones Unidas considera a esta práctica como un delito de lesa humanidad.

“Los gobiernos anteriores, pero, sobre todo, los de los últimos dos sexenios postergaron de manera sistemática la creación de instrumentos jurídicos para impedir esta cruel práctica y castigar a los responsables”, manifestó.

Recordó que, en 2008, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y desde entonces el país ha recibido tres observaciones por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

En ese sentido, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto para crear comisiones de la verdad, como la encargada del caso de Ayotzinapa y también ha promovido la aceptación de diversas recomendaciones internacionales.

Además, la administración federal ha reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones de personas que puedan estar sufriendo los efectos de las desapariciones forzadas.

Mientras que “se aceptó la solicitud de llevar a cabo una visita por parte del grupo de expertos que integran este comité en nuestro país”.

En ese sentido, sostuvo que es necesario fortalecer esta estrategia a través de la armonización de las leyes mexicanas.