DIPUTADO VICENTE ALBERTO ONOFRE VÁZQUEZ (VAOV). La familia es una célula básica del tejido social de México, en ella todas las personas desde la niñez adquirimos valores que nos permiten desarrollar habilidades personales y sociales para convivir en armonía.

Las relaciones afectivas entre las y los progenitores definen la personalidad, aprendizaje y comportamientos de las niñas, niños y adolescentes para el desarrollo de su vida. Sin embargo, en nuestro país existe un fenómeno social presente en millones de hogares mexicanos, la ausencia del padre o de la madre en el núcleo familiar de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo al Inegi, los índices registrados en materia de divorcio en el país se han ido incrementando del 2011 al 2019, siendo la excepción en el 2020 debido al confinamiento que provocó la emergencia sanitaria.

Durante el proceso de divorcio, la autoridad judicial establece a quien le corresponde la guarda custodia del hijo o hija menor de edad. Asimismo, determina un régimen de visitas y convivencias para que el padre o la madre que no tenga la guarda custodia pueda convivir con ellos o con ellas.

Actualmente, la legislación mexicana presenta lagunas jurídicas que generan incertidumbre en aquello casos donde el progenitor o la progenitora radica en otro país. Es decir, el Código Civil Federal y la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes no prevé el derecho de las personas menores de edad al contacto transfronterizo con su progenitor. Lo anterior, ha dado lugar a resoluciones por parte de la Suprema Corte de Justicia, a fin de privilegiar el interés superior de la niñez.

Y es que el régimen de visitas y convivencias es clave para garantizar un ambiente sano que permita el desarrollo integral de las personas menores de 18 años, así como para fomentar una relación cordial entre las y los progenitores.

Por otro lado, estos acuerdos también previenen la sustracción de menores que consiste en la retención u ocultamiento ilícito de una persona menor de edad, a quien legalmente detenta su guarda custodia, trasladándolo lejos de su hogar de residencia habitual. Este ilícito puede llevarse a cabo tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siendo en este último supuesto donde existe la necesidad de contar con una legislación actualizada y armonizada a los más altos estándares internacionales.

En este sentido, la iniciativa con proyecto de decreto, que presento ante esta soberanía, tiene como objetivos principales el establecer el derecho humano de las personas menores de 18 años al contacto transfronterizo, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez y garantizar las relaciones personales y el contacto directo con su padre o madre de modo regular cuando vivan en otro país, asegurando también la restitución de la persona menor de edad a su hogar o residencia habitual.

Para ello, la autoridad judicial debe de tomar en cuenta la edad, las necesidades y las costumbres de las personas menores de 18 años, el tipo de relación que mantiene con la o el progenitor, y la disponibilidad de estos.

Los orígenes de conflicto familiar, la distancia geográfica y cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para las hijas e hijos, incluidos los medios de comunicación electrónico.

En Morena trabajamos en atender los principales problemas sociales desde su origen, estamos convencidos que la reconstrucción de la sociedad comienza desde la institución más importante del país, la familia.

Asegurar a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio de todos sus derechos, es una obligación ética y jurídica de esta soberanía. Es cuanto, señora presidente.