DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ (CAHP). Con la venia de la Presidencia.

Agradezco al presidente y a todos los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el permitirme ocupar este espacio en tribuna para presentar un dictamen que se deriva de una iniciativa presentada por el de la voz durante la legislatura pasada, la cual hoy es dictaminada en términos del artículo 288 del Reglamento de la Cámara de Diputados y sometida para su discusión y, en su caso, aprobación, ante esta honorable asamblea.

La corrupción es un lastre que lastima a México y a la sociedad, socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida del pueblo mexicano.

El dictamen que nos pone a nuestra consideración tiene por objetivo reformar el primer párrafo del artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de incorporar los conceptos de disciplina y rendición de cuentas, como principios rectores que rigen el servicio público, toda vez que no están presentes en dicho ordenamiento, a pesar de ser fundamentales en el combate a la corrupción.

Respecto al primer término, es decir, la disciplina, debemos señalar que es un principio organizativo de carácter esencial y de naturaleza estructural. Se manifiesta como un conjunto de relaciones de sujeción especial que se dan entre la administración y sus servidores, lo cual implica una vertiente institucional, pero también un conjunto de reglas que definen pautas de conducta interna de sus miembros.

El objetivo de la disciplina será consolidar una organización jerárquica y eficaz que la Constitución federal encomienda a la administración a través de la eficiente función pública que satisfaga el interés general. En suma, significa el cabal desempeño del empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante por parte de las y los servidores públicos.

Ahora bien, por cuanto hace al principio de rendición de cuentas, éste es por sí mismo uno de los objetivos para lo cual fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción, en congruencia con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su ley en la materia.

La rendición de cuentas significa la obligación de todos los servidores públicos de explicar y justificar sus actos al público, que es último depositario de la soberanía de una democracia. Es decir, es la obligación de que el poder público se ejerza de manera transparente y de cara a la sociedad. Es el deber de rendir cuentas sobre los resultados de su gestión, el logro de las metas asignadas, el buen uso de los recursos públicos, lo que conlleva la responsabilidad plena para ejercer sus atribuciones y funciones administrativas en el marco de las leyes, reglamentos y normas que los rigen.

Abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder. Uno, obliga al servidor público a abrirse a la inspección pública. Dos, lo fuerza a explicar y justificar sus actos. Tres, lo supedita a posibles sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la soberanía. Transparencia en la información y rendición de cuentas son elementos indispensables e insustituibles de una democracia, de un buen gobierno.

Lo que se pretende con esta propuesta es fortalecer nuestro texto normativo y homologarlo con los principios que las y los servidores públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, en términos del primer párrafo del artículo 7o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En una democracia como la nuestra, todo modelo de rendición de cuentas debe estar orientado hacia la ciudadanía como actor central.

De aprobarse esta propuesta se contribuirá a lograr una mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de la gestión pública. El pueblo de México necesita y exige confiar en su aparato gubernamental, en su estructura laboral. Demanda una mejor organización, transparencia, control y seguimiento de resultados, pero, sobre todo, que los recursos públicos se destinen a la prestación de servicios esenciales, a disminuir la pobreza y a potenciar el desarrollo económico nacional y estatal. Ésta ha sido una tarea del actual gobierno, de la actual administración.

En virtud de lo anterior, les pido su acompañamiento con su voto a favor para este dictamen. Para que la disciplina y la rendición de cuentas se conviertan en valores, principios y obligaciones en el ejercicio del servicio público que permitan abolir la corrupción y el abuso de poder que tanto ha desgastado por años a la ciudadanía. Por su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.