• Hay que ir con toda la fuerza de la ley contra los consumidores de pornografía Infantil, expresó la diputada.
• México es el primer productor y exportador de pornografía en el mundo, señaló la legisladora.
Ante el exponencial incremento de pornografía infantil, la diputada federal Dulce María Silva Hernández, acompañada de legisladoras y legisladores de diferentes grupos parlamentarios, propuso reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para robustecer las penas contra este delito.

La legisladora señaló que, desde su expedición en 2012, este marco legal no ha tenido ninguna reforma significativa y, sin embargo, el delito de trata de personas ha aumentado y se ha sofisticado, particularmente en su modalidad de pornografía infantil, debido al creciente uso y acceso a las nuevas tecnologías.

De acuerdo con la legisladora federal, el objeto de la reforma la ley es imponer una pena de 10 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa al que almacene, posea, vea, adquiera o arriende para sí o para un tercero, pornografía infantil, sin fines de comercialización o distribución. Así como para quien por cualquier medio reciba dicho material y no denuncie el hecho ante las autoridades.

Lo anterior, ya que actualmente la pena prevista es de 5 a 15 años de prisión y de mil a 20 mil días multa.

Se propone aumentarla de 10 a 25 años y de 2 mil a 30 mil días multa, así como sancionar a quien almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, pornografía infantil, sin fines de comercialización o distribución.

“Es decir, no para quien la vea y/o la posea, lo que representa una laguna en la ley, que ya ha sido hace varios años señalada por la Suprema Corte de Justicia. Por ello se agregan estas conductas, ya que en materia penal la tipicidad es fundamental”, dijo.

Además, propone imponer la misma pena para quien por cualquier medio reciba dicho material y no denuncie el hecho ante las autoridades. Ya que lo que se pretende combatir las cadenas de pornografía infantil a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, con lo que se subsanan el vacío legal existente.

La diputada Silva, señaló que, “se agregan conductas y se aumenta la pena, porque se considera que no debe existir una distinción entre el generador o vendedor de pornografía infantil y el comprador o consumidor final, ya que, son igualmente responsables, debido a que la demanda de estos materiales es el detonador del delito”.

“Recibir materiales pornográficos donde participen personas menores de edad y no denunciar el hecho a las autoridades, convierte al receptor en el mejor de los casos en cómplice o en un consumidor de closet. hacerse de la vista gorda, fingir que no pasa nada ante la evidencia de un delito es una conducta altamente antisocial y repudiable”, afirmó enérgica Silva Hernández.

Agregó que, los consumidores finales deben ser sancionados porque son quienes alientan la comisión de este delito. Vender, comprar o disfrutar la pornografía infantil es exactamente lo mismo, en las tres conductas se cosifica a las personas menores de edad y se lesionan sus derechos, por lo que las sanciones no deben ser más blandas que para los consumidores.