• Vamos al legislar para combatir la discriminación, vamos a construir el marco jurídico y hacer valer la Constitución, expresó la parlamentaria.

La diputada federal, María Clemente García Moreno, anunció en conferencia su propuesta de iniciativa con la que busca dotar de un marco jurídico adecuado a las víctimas de discriminación y establecer sanciones de compensación, para ello, el proyecto en comento reformaría el art. 1916 del Código Civil Federal.

La legisladora explicó que la iniciativa se robusteció de las aportaciones que emitieron expertos durante el pasado foro, “Hacia la reparación integral para las víctimas de discriminación”, celebrado el 3 de febrero, mismo que tenía como objeto “abonar a una compensación integral para las víctimas de discriminación”.

Además, puntualizó que la reforma no está limitada a la comunidad de la diversidad, sino a todos los grupos sociales que padecen algún tipo de discriminación. Agregó que con el establecimiento de sanciones económicas ejemplares se avanza en el acceso a una justicia restaurativa y se dota de parámetros objetivos para abordar los casos.

“Consideramos necesario apostar por una justicia restaurativa hacia las víctimas y que les sea resarcido el daño no solo con disculpas, que no son suficientes para remediar el acto de discriminación”, expuso.

La también coordinadora temática de la fracción parlamentaria de Morena, sobre diversidad, género e inclusión social expresó que muestra de la injusticia que pueden llegar a vivir las víctimas, están los pacientes que viven con VIH; quienes representan el 0.6 por ciento de la población y que soportan la negación sistemática de diversos derechos, entre ellos en el ámbito de la salud.

Refirió que de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre el 2012 y 2018 se analizaron 301 presuntos casos de discriminación contra personas que viven con VIH y en el que uno de cada seis, se vincularon con la orientación sexual.

En ese contexto, la diputada García Moreno denunció dos casos; el de Armando Uri Zepeda García y Carlos Escobar Parra, quienes padecieron situaciones discriminatorias por parte de la empresa aérea Volaris y la de transporte Estrella Roja, con quienes mantenían una relación laboral.

“Cabe destacar que ante la falta de un marco jurídico en materia de reparación, en el ámbito civil, la empresa ha podido interponer amparos a pesar de que el acto de discriminación quedó plenamente acreditado”, indicó.

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