DIPUTADO ALBERTO VILLA VILLEGAS (AVV) Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, para que el futuro de México florezca y dé buenos frutos, es necesario que garanticemos los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

De acuerdo con el artículo 1o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. Asimismo, determina que los Estados deberán tomar todas las medidas para garantizar que el niño se vea protegido contra todas las actividades, opiniones expresadas o creencias de sus padres, sus tutores o de sus familiares, principios que coinciden con la obligación establecida en el artículo 4o. constitucional de defender los derechos de los niños y las niñas, especialmente de las niñas y las adolescentes ante la posible violación de sus derechos humanos.

Lamentablemente existen prácticas familiares y sociales que vulneran los derechos fundamentales y la dignidad humana de los niños y las niñas, obligándoles a convertirse a temprana edad en esposas, esposos y, posteriormente, en padres o madres.

Cada año, millones de niñas y niños en el mundo son obligados a contraer matrimonio sin entender realmente las consecuencias de lo que están viviendo y la forma en la que se pone en riesgo su salud física, mental y su futuro, para muestra un ejemplo, en 2005 en los países en desarrollo se registraron más de 65 millones de mujeres de edades entre 20 y 24 años que se casaron antes de cumplir los 18 años.

Aunado a ello, se documentó que entre los factores asociados al matrimonio infantil destacan las normas sociales y culturales, la situación socioeconómica de la familia, los niveles de educación, los usos y costumbres de las comunidades, sobre todo y lamentablemente, la tolerancia social.

Cabe señalar que la ambigüedad que existe entre en el matrimonio concertado y el matrimonio forzado impide una determinación precisa del número actual de niños y, sobre todo, de niñas que son obligadas a casarse a la fuerza. Uniones que pueden presentarse de manera formal o informal, pero que de todas maneras constituyen una práctica nociva y prohibida expresamente en casi todas las legislaciones del país.

A pesar de ello, el Inegi reportó que en 2020 se registraron 335 mil 563 matrimonios, de los cuales 25 tuvieron una persona contrayente menor de edad. Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, reveló en 2018 que el matrimonio infantil es una práctica que afecta mayoritariamente a nuestras niñas, adolescentes de hogares indígenas, destacando también que cerca de 35% de las mujeres de entre 20 a 49 años de este sector social iniciaron su vida conyugal antes de los 18 años, en contraste con el 23% de mujeres no indígenas.

De ahí que la iniciativa que se presentó el pasado 15 de marzo de este año en curso se considere en el presente dictamen como proyecto de decreto, pues el tema de matrimonio infantil es parte de un ciclo repetitivo de carencias, pobreza y desigualdad.

Este dictamen tiene un propósito claro, obligar a todas las autoridades en sus tres niveles de gobierno a adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito, con fines de unión formal o informal. Establecer acciones afirmativas para las niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de falta de movilidad o exclusión social. Por tal, quiero agradecer a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia por considerar la iniciativa de un servidor.

Para finalizar, quiero dejar una reflexión. Como lo decían mis compañeros de otros partidos, de otros grupos políticos, estos temas que hoy vemos aquí que nos unen puede ser una señal clara de que en esta Cámara podemos legislar a favor de los y las mexicanos y especialmente en este caso de las niñas y los niños de México, de Jalisco y de Tonalá, Jalisco. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.