• Este ordenamiento legal ya contempla sanciones a quienes agredan a una persona con ácidos o sustancias corrosivas, pero es necesario establecer una agravante del doble de la pena cuando la víctima se trate de una mujer, detalló la diputada Aleida Alavez. 

La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente, una iniciativa ampliar las penas establecidas en el Código Penal Federal contra los responsables de atacar con ácidos o sustancias corrosivas a mujeres. 

Explicó que este ordenamiento legal, en su artículo 294, ya contempla la sanción de cinco a ocho años de prisión a quien por sí o por conducto de otra persona cause lesiones a cualquier persona, mediante el uso de ácidos o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otras que por sí mismas o mezcladas con otros agentes genere daños internos, externos o ambos.

Sin embargo, sostuvo que es necesario definir la agravante de un tercio de esta pena cuando las lesiones involucren la cara, el cuello, el brazo, la mano, o afecte la funcionalidad de los órganos sexuales; y el doble cuando ocurra contra una mujer.

“Se trata de una agresión con mucho dolo para la integridad psicológica, emocional, que puede amenazar la vida de una mujer y por eso creo que tenemos que tomar cartas en el asunto, llamar a todos los estados a que esta tipificación corresponda a que sancionemos de manera más severa estos daños”, declaró.

Aleida Alavez comentó que la violencia contra las mujeres fue ignorada y solapada por gobiernos neoliberales desde la época de Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, cuyas cifras en la materia son alarmantes, sin que ello les motive a modificar su política en favor del pueblo.

“La receta de los moralmente derrotados son mayores recursos y más burocracia, es decir no son capaces de responder a la población con el poder que la ciudadanía les ha conferido, son traidores a los principios democráticos”, manifestó.

Recordó que el feminicidio es un delito del fuero común, cuya falta de atención se concentra en las entidades federativas, donde declaraciones de servidores públicos medianos solo provocan la revictimización de las mujeres asesinadas y de sus familias.

“En el caso de Luz Raquel son inadmisibles las declaraciones de la Fiscalía que se contradice una y otra vez, cuya ineptitud fue exhibida nuevamente al dar a conocer su hipótesis de que fue una autoagresión y, horas más tarde la misma Fiscalía vinculó a proceso al vecino de Luz Raquel por delitos contra la dignidad de las personas y lesiones contra Luz Raquel”, señaló.

Sostuvo que las entidades federativas tienen a su alcance mecanismos federales que abonan a la erradicación de este flagelo, políticas públicas que atacan las causas, como la pobreza y la marginación, “pero muchas autoridades de estas entidades, que tienen niveles graves de feminicidio, se dan el lujo de desdeñar las reuniones de Seguridad Públicas, y solo hasta que el agua les llega al cuello se acercan a los mecanismos de coordinación con el gobierno de la República”.

En ese sentido hizo un llamado al gobernador de Jalisco a trabajar en esta materia, porque “no se vale que nos venga a decir que estos delitos no se evitan”.