La situación imperante en el Estado de Sonora por la prevalencia de lluvias consideradas atípicas en los últimos días, que azotan diversas localidades de nuestra geografía ha producido varios casos de desastre de distinta índole, que incluso ha propiciado la pérdida de vidas y afectaciones en la infraestructura en vías de comunicación.

Por ello, considero que en estos momentos los distintos órdenes de gobierno deben de coordinar sus mejores esfuerzos para atender la emergencia y, por otro lado, solicitar la declaratoria de desastre ante la autoridad federal para la liberación de los recursos disponibles para enfrentarlo y se puedan resarcir los daños de la manera más expedita posible.

En el ámbito que nos toca desde el Legislativo, urgimos a la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República para que desatoren y aprueben sin mayor dilación la minuta que les enviamos desde la Cámara de Diputados en abril de 2021 que contiene la nueva Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, de tal suerte que se comience a diseñar la nueva política de gestión desde la prevención de desastres, que es donde debe enfatizarse para que este tipo de situaciones dañen lo menos posible a la gente.

Mientras que en el país existe apenas 20.3% del total de municipios con atlas locales de riesgos, en Sonora de los 72 municipios solo 10 tienen un atlas y la mayoría data de más de 10 años, lo que urge una revisión exhaustiva, ya que tanto Guaymas como Empalme y Hermosillo se encuentran en este supuesto. Las autoridades municipales junto con el gobierno estatal tienen una tarea pendiente en el tema de la gestión del riesgo y la protección civil para que en el Estado exista una cobertura total de atlas de riesgo.

Asimismo, el Congreso Estatal debe realizar una revisión puntual a la reciente Ley de Protección Civil publicada en 2018 por el gobierno anterior ya que carece de lineamientos para una política de gestión integral de riesgos de desastres, toda vez que es esa la que salva vidas y orienta una mejor administración de los recursos públicos.